Han pasado 58 días desde que la ministra de Defensa, Maya Fernández, entregó sus últimas declaraciones por la polémica que involucra a miembros de la familia Allende.
El pasado 8 de enero, la secretaria de Estado aseguró que jamás recibió un peso por la fallida compra del inmueble que perteneció a su abuelo. Reconoció, eso sí, que el proceso que terminó con una crisis para el gobierno “no fue bien llevado, lo cual yo lamento”.
Desde ese momento guardó silencio -incluso- ante los fiscales que investigan un eventual delito de fraude al fisco.
El 30 de diciembre de 2024, la Ministra de Defensa Nacional, junto a Carmen Allende Bussi, María Isabel Allende Bussi y Alejandro Fernández Allende, formalizaron la transacción con el Estado de Chile. Esta operación pretendía la venta de la residencia de su abuelo, ubicada en la comuna de Providencia, por un monto cercano a los 933 millones de pesos.
Los abogados Raimundo Palamara y John Reid presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC). La admisibilidad del primero, ingresado el 10 de febrero, fue rechazada. Sin embargo, el segundo presentado el 25 de febrero, fue admitido a trámite y asignado a la primera sala del Tribunal.
En un documento de 20 páginas los abogados exponen los motivos de la petición de inhabilidad, incompatibilidad o cesación del cargo de la Ministra Fernández.
“Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública", sostiene el texto.
El escrito solicita “que se rinda prueba confesional de la requerida, Maya Fernández Allende”.
Este jueves, el TC notificó que admitió el recurso presentado por lo que la ministra Maya Fernández Allende tiene diez días corridos para su contestación.
“Notifíquese personalmente a la Ministra de Defensa Nacional, señora Maya Alejandra Fernández Allende, por la señora Secretaria del Tribunal, haciéndole entrega de copia íntegra del requerimiento deducido, de sus antecedentes y de la presente resolución, confiriéndole plazo de diez días corridos para su contestación”
Esta mañana, las partes fueron notificadas de la decisión del Tribunal Constitucional. El hito marca el inicio del plazo para que la secretaria de estado prepare su defensa.