La ministra del Interior, Carolina Tohá, nuevamente defendió el veto presidencial interpuesto a la Ley de Usurpaciones y aseguró que el contenido planteado por el Gobierno busca incorporar "las diferentes realidades" que existen en torno a las tomas de terrenos.
En el marco de su visita a la región de Antofagasta, la secretaria de Estado pidió "seriedad" a los parlamentarios, asegurando que se necesita de una normativa que sea "adecuada" para interferir tanto cuando se trata de usurpaciones violentas o de campamentos.
"El tema de las usurpaciones tiene distintas expresiones a nivel nacional, eso ha sido parte de la dificultad de este debate. La Ley de Usurpaciones se aplica cuando hay usurpaciones de terrenos en la Macrozona Sur, se aplica cuando hay 'tomas VIP', caundo hay campamentos de vivienda social, cuando ha grupos mafiosos que organizan estafas (...) Todas esas cosas son usurpaciones y la legislación tiene que estar preparada para ser efectiva y adecuada en cada una de esas situaciones", puntualizó.
En esa línea, Tohá pidió al Congreso "tomar en cuenta las consecuencias que va a tener en distintos tipos de realidades". Y si bien se mostró positiva de alcanzar una "ley que funcione adecuadamente en cada una de estas situaciones", anticipó que para lograr aquello se "requiere un cambio en la manera en que se debate del cielo a la tierra, respecto al que ha habido en todo este tiempo".
Campamentos
En la instancia, la ministra fue consultada por el caso puntual de los campamentos, sobre todo, por la compleja situación que vive Antofagasta en la materia. Frente a eso, mencionó que la propuesta del Ejecutivo buscará definir sanciones "estrictas", pero la posibilidad de "cárcel o multa" dependerá de las características de la usurpación.
"Si sale como el Gobierno está promoviendo, va a permitir que quienes organizan este tipo de tomas, ya sea engañando a la gente e incluso vendiéndoles terrenos que no son de ellos (...) esas personas, sea el tipo de usurpación que sea, va a exponerse a penas que van desde los 541 días a 10 años de cárcel", acotó.
Sin embargo, "si la usurpación se hace sin violencia va a haber la posibilidad de cárcel o multa, de acuerdo a las características que la usurpación tenga, eso lo va a tener que dar el juez. Nos parece muy importante dar esa herramienta, porque no es lo mismo que una famlia, que en un estado de necesidad termina en una toma a una persona que hace de esto en un negocio o que destuye las cosas que hay en el terreno", añadió.
"Pensamos que el debate tiene que recoger esa realidad", zanjó.