Felipe Donoso, subjefe de la bancada UDI, junto con el diputado Jorge Alessandri, acusaron al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de pretender "amarrar" a operadores en el Estado a raíz de la incorporación de la norma sobre "confianza legítima" en el reajuste al sector público del 2026.
Según indicaron los parlamentarios, el acuerdo pactado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales señala que "se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas (…) se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado (…) sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio".
Asimismo, en el mismo punto agregaron que "los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas".
La respuesta de la bancada de la UDI
De acuerdo con la bancada de la UDI, lo anterior "transgrede de manera muy grave" lo definido previamente por la Contraloría y la Corte Suprema, ya que en noviembre del año pasado determinaron que las demandas laborales debían ser resueltas por los tribunales de justicia. Asimismo, apuntaron a que la Corte Suprema definió en cinco años el reconocimiento de la "legítima confianza".
En este sentido, los parlamentarios acusaron al Gobierno de "pretender instalar por la vía legal un criterio que ya fue resuelto tanto por la Contraloría como por la Corte Suprema (…) es evidente que el objetivo de las actuales autoridades es establecer una inamovilidad de los funcionarios a contrata, de tal manera de amarrar en el Estado a los operadores y cercanos a ellos".
"Es completamente intolerable que, ad portas de un cambio de administración, el Gobierno pretenda perpetuar en el cargo a cientos o incluso miles de operadores políticos, convirtiendo al Estado en una verdadera agencia de empleo financiada con los recursos de todos los chilenos", concluyeron.
Vale mencionar que Donoso y Alessandri aseguraron que rechazarán la norma durante la tramitación del proyecto: "No vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad y utilizar el reajuste al sector público para que transformen al Estado en un refugio para operadores políticos".
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