La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó este miércoles a tres abogados que investigarán el denominado "Caso Convenios", así como posibles situaciones similares en otros ministerios.
Se trata del exintendente y exconvencional Pablo Toloza; la directora del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, y el asesor legislativo Carlos Oyarzún.
El caso estalló luego de que se revelasen tres convenios de casi $426 millones que fueron adjudicados a Democracia Viva para trabajar con campamentos en la región de Antofagasta.
Los contratos fueron suscritos por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue asesor de la diputada Catalina Pérez y el segundo era pareja de la legisladora. Los tres están ligados a Revolución Democrática.
Desde la sede de la UDI en calle Suecia, Santa Cruz adelantó que "agotaremos todas las acciones legales que estén en nuestro poder para perseguir las responsabilidades del caso".
"Aquí, no descartamos la existencia de convenios similares en otros ministerios, recopilaremos todos los antecedentes que estén en nuestro poder, e invitamos a todo aquel que tenga información, que la haga llegar para que nuestro equipo jurídico pueda hacer las investigaciones del caso", agregó.
En la misma línea, Oyarzún indicó que "vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y ejercer todas las acciones penales, administrativas, legislativas, que tengamos a nuestro alcance".
Por su parte, Toloza explicó que su labor "va ser, como soy de Antofagasta, tramitar la querella en Antofagasta. Porque no descartamos que hayan otras figuras penales, más allá de las que se establecieron en la querella, toda vez que cada día y minuto aparecen nuevas circunstancias".
En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, apuntó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric: "Decirle al Gobierno que no trate de pasar gato por liebre en esto. He escuchado declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, de unos dirigentes de la izquierda, señalar que con esto, de alguna manera quedaría demostrado que necesitamos un Estado más grande, más recursos, a propósito de la reforma tributaria".
Macaya aseveró que no se trata de una "cacería de brujas", indicando que "acá hay una sociedad civil, fundaciones, que son activas e importantes en la colaboración de la solución de los problemas públicos, en materia de vivienda, de salud y de previsión social".
Finalmente, el diputado Juan Antonio Coloma criticó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien esta misma jornada viajó a Antofagasta para reunirse con el fiscal Christian Aguilar y entregarle tres archivadores con "todos" los antecedentes que la cartera tiene del caso.
"Al ministro Montes se le acaba el tiempo para transparentar lo que ocurre en el Ministerio de Vivienda. Ya prácticamente no le quedan instancias para decirle a Chile qué es lo que de verdad está pasando", indicó el parlamentario.
"No puede ser que vaya a Antofagasta, entregue tres carpetas y con eso quede tranquilo. Si hay personas con doble sueldo, tienen que querellarse contra ellos y expulsarlos de la administración pública", sentenció.