"Impunidad: una crónica sobre el SII y los dineros de la política"

Cristian Vargas, el autor, se desempeñaba como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando le tocó denunciar los casos Penta y SQM, dos de los hechos de corrupción y fraude al fisco más grandes de los últimos años. 

En su relato, advierte que el intento de avanzar ante la justicia le significó una serie de presiones que terminaron con su desvinculación y, a la larga, con el fin de las querellas y la impunidad en estos delitos. 

El abogado entrega un testimonio, sin tapujos, donde describe con detalles la estrategia para acallar la investigación y evitar un escándalo de grandes empresas, boletas falsas y platas políticas que salpicaba al gobierno y a todos los partidos. 

Por un lado, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano —controladores del Grupo Penta—, en 2018 fueron condenados a clases de ética. Por el otro, el mandamás de SQM Julio Ponce Lerou no fue sancionado penalmente por el escándalo. 

Capítulo III

La advertencia

Sus palabras, más suaves que el aceite, son espadas desenvainadas. Salmo 55:21. 

—Pisaste callos muy fuerte, mi amigo —dijo Juan, sin levantar la voz.

Era un día de septiembre de 2014. Me llamó un par de horas antes para invitarme a tomar un café. Imaginé una conversación ligera, algún comentario institucional o alguna anécdota de oficina. Nada en su tono sugirió que vendría a entregarme un mensaje.

Nos sentamos a espaldas del antiguo Ministerio de Hacienda. Él pidió un expreso; yo, un americano.

Lo miré, esperando que hablara. No hizo falta preguntar, ambos sabíamos a qué se refería. Días antes, había presentado la denuncia contra los dueños de Penta.

—¿Qué quieres decir? —le pregunté.

Bajó la voz:

—Tienen un dossier sobre ti. Dicen que eres comunista.

Esbocé una sonrisa. No por despreocupación, sino porque la acusación era torpe. Politizar el caso era un movimiento predecible.

—Cumplimos con nuestro deber —comenté—. Nunca he militado en el Partido Comunista. Y, si de algo sirve, luchar contra la dictadura no debería ser motivo de sospecha.

Sabía que las etiquetas eran armas útiles en manos de ciertos sectores. Para algunos, cualquier vínculo con ideas de cambio social seguía siendo una amenaza, incluso décadas después del fin de la dictadura.

Juan me escuchaba sin mover un músculo. Llevaba el cabello corto ahora. Antes, su pequeño moño le valió el estereotipo de «progre», lo que le divertía. No podía ser más ajeno a la izquierda: apoyó a la dictadura sin reservas.

Bajo la luz pálida que entraba por la ventana, parecía cargar no solo los años, sino también las decisiones que lo moldearon. Hacía tiempo había dejado atrás los gestos entusiastas de su juventud, cuando militaba en grupos de extrema derecha y defendía, sin matices, el régimen de Pinochet. Ahora, bajo la apariencia de un funcionario gris, se movía entre el poder con la destreza de quien ha aprendido a no atarse a casi nada.

En los pasillos de las oficinas del SII solía relatar, entre carcajadas, una anécdota que consideraba motivo de orgullo. Durante la dictadura, en una reunión privada sobre una reforma tributaria convocada por el entonces ministro de Hacienda, Hernán Büchi, Juan tomó la palabra para argumentar que no valía la pena financiar hospitales públicos: quienes llegaban allí —acotó— eran personas débiles cuyo destino natural era morir. Büchi, sorprendido incluso para los estándares del régimen, lo miró y soltó, entre perplejo y mordaz: «Pucha que eres fascista tú, huevón». Juan solía repetir aquella frase como una medalla, celebrando el insulto como si fuera una muestra de integridad.

Ahora, mientras lo escuchaba transmitir el recado de los anónimos, no pude evitar recordar —como tragicomedia— aquella vez en que un senador socialista lo saludó en un restaurante como «compañero». Juan, fiel a su instinto, no se apresuró a corregirlo. Sonrió, asintió y dejó que la confusión trabajara a su favor. Para quienes funcionan con estereotipos en un país donde las apariencias dicen más que los actos, el pelo, su traje gastado, su figura algo desaliñada, servían perfecto.

Juan tenía esa clase de inteligencia que permite atravesar los cambios de época y seguir ahí. No era un verdugo ni una víctima. Ocupaba más bien ese lugar intermedio de quienes ayudan a que ciertas cosas sigan su curso sin aparecer nunca en primer plano.

Nuestra relación era compleja. Compartimos jornadas de trabajo intensas, discusiones interminables, respeto ganado a fuerza de fricciones. Me tenía afecto, lo sabía. Él también tenía el mío. Pero su cautela era siempre más fuerte que cualquier otra inclinación. Años antes, en una conversación cualquiera, me dijo sin énfasis que no confiaba en nadie. No lo dijo como una confesión amarga, sino como quien enuncia una regla de vida.

La llamada, el café, la advertencia. Nada de eso parecía del todo espontáneo. Había en su presencia algo de amistad, pero también la rigidez de quien viene a cumplir una tarea ajena. Quienes estaban detrás querían instalar la idea de que las acciones legales obedecían a una motivación política. Querían que la duda entrara en escena, que el caso perdiera nitidez, que la iniciativa empezara a contaminarse de sospecha.

Juan aprendió a vivir en esa zona gris donde la lealtad y la conveniencia a veces terminan por confundirse.

—Quieren que sepas que no están jugando —añadió, apretando la cucharilla contra el plato con un leve tintineo—. Si sigues, escarbarán más hondo.

—¿Quiénes son ellos? —pregunté, aunque ya sabía que no respondería.

—Los que no necesitan nombres.

Él no era uno de ellos. No tenía la riqueza ni el apellido. Pero se movía en esa órbita, cerca de quienes realmente decidían, atento a sus señales, útil a sus necesidades. Era uno de esos intermediarios sin los cuales no podrían actuar a distancia.

El énfasis en «si sigues» volvió inútil cualquier equívoco. Fuera cual fuese su intención última, lo que me llegaba era más que una advertencia. No supe si intentaba prevenirme o intimidarme; acaso hacía ambas cosas a la vez.

Al transmitírmelo, cumplía con quienes lo enviaron. Si además buscaba resguardarse, era algo que no podía entonces —ni puedo ahora— afirmar con certeza.

Tras remover su café, me preguntó, casi en voz baja:

—¿Estás convencido de que se configura delito? ¿De que existen fundamentos suficientes para ejercer la acción penal?

No sonaba desafiante. Más bien parecía tantear el terreno, como si buscara una rendija para sembrar la duda. Agregó, con una formalidad medida:

—No quiero controvertirte. Eres tú quien tiene la competencia en la institución para determinarlo.

Le sostuve la mirada y respondí sin titubeos:

—Sí, estoy convencido. La decisión de ejercer la acción penal es sólida. Son donaciones encubiertas disfrazadas de falsos servicios de asesoría, con el propósito de financiar campañas políticas. Hemos actuado según las facultades legales y la doctrina histórica del SII en estos delitos.

Juan no dijo nada, así que continué:

—Hay numerosos precedentes de querellas y denuncias del SII por facilitación de boletas ideológicamente falsas para burlar el impuesto por parte de empresas. No hemos hecho otra cosa que aplicar los mismos criterios, sin importar el nombre de los involucrados.

Asintió con un gesto breve. No de aprobación, sino de resignación.

El problema no era jurídico. Era político. Y, en ese tablero, cumplir la ley a secas resultaba más disruptivo que cualquier insurrección abierta.

—Pero dime —insistió, con esa calma de quien aparenta estar buscando claridad, cuando en realidad solo quiere medir certezas—, ¿no te parece exagerado llevar esto al Ministerio Público?

No había ironía en su voz, al menos no explícita. Solo esa forma suya, envolvente, de cuestionar sin asumir del todo el costo de aquello.

Tomé un sorbo de café. Ya estaba tibio, pero no im­portaba.

—No es una cuestión de creencias —le respondí—. Es una cuestión de derecho y de hechos.

—Pero los facilitadores de boletas —interrumpió—, ¿tienen dolo? ¿O la rebaja de gastos por parte de la empresa es una consecuencia posterior no prevista por ellos?

—Una consecuencia prevista —dije—. Y aceptada. Aunque no sea el objetivo principal de esas personas, forma parte del curso causal anticipado. Su objetivo era obtener una donación de la empresa para financiamiento político, encubriéndola como supuesta asesoría. Pero esas otras consecuencias también se incorporan a su voluntad. Como alguien escribió alguna vez: «no se “quiere” únicamente lo que se “busca”, sino también lo que “se acepta en caso de que ocurra”».

—Tienes argumentos —expuso Juan— pero hay dudas. La discusión seguirá.

Para mí el problema no estaba en la ley, sino en que hubiera decisión de aplicarla.

Los facilitadores de boletas falsas no eran meros instrumentos. Tampoco simples colaboradores desprevenidos. Los emisores de boletas ideológicamente falsas —políticos, asesores, intermediarios de ocasión— actuaron con pleno control de los fines y los medios. Sabían lo que hacían, y por qué lo hacían.

El autor de un hecho ilícito se representa un objetivo, lo proyecta en su voluntad y decide qué medios empleará para alcanzarlo.

El contrato simulado, la boleta sin respaldo, el pago disfrazado. Todo eso no fue improvisado, sino concebido para un propósito. Al trazar ese camino, no solo se considera el resultado, sino también los efectos que pueden derivarse. A veces se detiene, porque no quiere cargar con las consecuencias. Otras veces sigue adelante, porque le son indiferentes o porque confía en que no dejarán huella. Pero si acepta que ocurran, si continúa a sabiendas, esas consecuencias se incorporan también a su decisión.

Así fue en estos casos. La finalidad era obtener financiamiento político. Pero los medios elegidos —boletas simuladas, contratos ficticios— estaban diseñados no solo para encubrir la entrega del dinero, sino también para generar ventajas tributarias indebidas. Sabían que la empresa deduciría ese gasto. Lo preveían. Y lo aceptaban.

Ninguno de ellos ignoraba el carácter fraudulento de la operación. Participaron conociendo el diseño y sus consecuencias, con voluntad de colaborar en su ejecución. No fueron víctimas de una estructura. Fueron parte de ella.

Lo jurídico y lo moral se tocan en ese punto preciso: en la decisión de seguir adelante, aun sabiendo lo que eso implica. No por necesidad ni por error. Por cálculo.
Y, cuando se hace a costa de las reglas que sostienen la igualdad y la justicia, el derecho no puede sino responder, aunque su respuesta incomode. Aunque su aplicación revele el pacto silencioso que durante años protegió a quienes, desde sus cargos, invocan la ley solo cuando no los alcanza.

—Agradezco la advertencia —afirmé—. Pero estoy tranquilo. No creo que debamos cambiar el planteamiento. Actuamos dentro de la ley.

Juan no respondió. Revolvió el café con movimientos lentos, bebió un último sorbo y se puso de pie, cerrando la conversación con el mismo silencio con que comenzó.

Me dedicó una última mirada, breve e indescifrable, y se fue.

Lo observé alejarse. Al fondo, el barista limpiaba la máquina de café con parsimonia. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba, como si nada hubiera pasado. La batalla legal seguiría su curso. La otra, la que se libraba fuera del expediente, apenas comenzaba.