La comisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua llevó a cabo la fiscalización semestral correspondiente a las cárceles de la Región de O’Higgins. El objetivo de la comitiva fue constatar los estándares de seguridad, orden y habitabilidad tanto en el Centro Penitenciario de la capital regional como en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Graneros.
La delegación del tribunal de alzada estuvo integrada por el ministro Michel González; la secretaria de la Corte de Apelaciones, Andrea Alfaro; el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, Sergio Allende; y la magistrada del Juzgado de Garantía de la comuna, Loreto Salas. A ellos se sumó María Cecilia Rosas, relatora de Pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien se encuentra realizando una pasantía en la jurisdicción.
Evaluación en el Centro Penitenciario de Rancagua
Durante el recorrido por el penal de Rancagua, las autoridades judiciales transitaron por los diferentes módulos de la unidad para examinar directamente la infraestructura, las condiciones de higiene y la situación de seguridad en la que permanecen los internos.
La revisión también abarcó las dependencias administrativas y las áreas destinadas a los talleres laborales. En estos espacios, la población penal ejecuta trabajos en madera, alfombras y cuero, elementos clave orientados a la reinserción en el medio social una vez concluidas las condenas de los reclusos.
Respecto a las labores en terreno, el ministro González detalló: “Nos constituimos como comisión en el Centro Penitenciario de Rancagua para revisar las condiciones de habitabilidad y de seguridad del recinto, junto con revisar las medidas que se han adoptado”.
El integrante del tribunal de alzada agregó que “me parece importante destacar el orden del establecimiento y los esfuerzos que se están haciendo para la reinserción social y pudimos observar distintos proyectos de trabajo que efectúan los internos”.
Inspección en el recinto de Graneros
De manera paralela, las fiscalizaciones a las cárceles de la zona continuaron en la comuna de Graneros. Una comitiva liderada por la magistrada Loreto Salas se trasladó hasta el CIP-CRC local.
En este establecimiento, que alberga a los adolescentes infractores de ley, se evaluaron los parámetros internos de funcionamiento y habitabilidad bajo la misma pauta de control semestral coordinada por la institución judicial.
