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Convención: Estas son las 10 iniciativas populares de norma con mayor adhesión

Las propuestas, que han sido realizadas por la ciudadanía, deberán reunir más de 15 mil firmas para que puedan ser discutidas dentro del órgano constituyente.

24Horas.cl Tvn

Miércoles 31 de diciembre de 1969

Con la finalidad de fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente, desde la Convención Constitucional habilitaron diferentes mecanismos de participación popular, entre los que destacan las iniciativas populares de norma.

Este mecanismo, que quedó consignado en el Reglamento de Participación Popular, consiste en que cualquier persona o grupo puede presentar a la Convención una propuesta de norma para discutir e incluir luego en la nueva constitución.

Las propuestas deben ser realizadas a través del sitio web de la Convención, y para que sean consideradas por los integrantes del órgano deberán juntar al menos 15 mil firmas provenientes de por lo menos cuatro regiones distintas.

De cumplir con este requisito, las iniciativas pasarán a ser discutidas en la comisión temática correspondiente y votadas para admitir su discusión y votación en el Pleno, y así tener la posibilidad de formar parte del texto constitucional definitivo.

Hasta el 16 de diciembre han sido admitidas 190 iniciativas por parte de la ciudadanía, cuya mayoría se dirige a la comisión de Derechos Fundamentales.

Firmas

Los patrocinios de las propuestas de norma pueden hacerse hasta el 1 de febrero, mientras que el plazo para presentar una iniciativa termina el 6 de enero.

A continuación se presentan las diez propuestas de normas constitucionales que cuentan con más firmas, hasta el jueves 16 de diciembre a las 17:30 horas.

1. Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza

La propuesta, que hasta el momento se encuentra liderando la lista de las iniciativas con más adhesiones, fue realizada por la fundación Acción Educar y ya cuenta con más de 1.760 firmas.

La iniciativa sería recibida por la comisión de Derechos Fundamentales, y tiene como objetivo “asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos, de la forma en que estos derechos fundamentales se consagran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Desde Acción Educar se plantean 12 artículos para incluir dentro de la nueva carta magna, entre los que se encuentran que “la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación” y que “los padres, o quienes tengan el cuidado personal en conformidad a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o pupilos en su caso”.

Revisa la propuesta completa haciendo click aquí

2. Iniciativa popular por una educación libre y diversa

Realizada por la agrupación Educación Libre y Diversa, la propuesta se encuentra en segundo puesto con más de 1.360 firmas. La iniciativa sería revisada por la comisión de Derechos Fundamentales.

“Creemos que es fundamental que la Nueva Constitución consagre dentro de los derechos fundamentales la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, garantías que históricamente ha respetado nuestro país”, indican.

Argumentan al respecto que “estamos convencidos que son los padres los que saben qué es lo mejor para sus hijos, en todo orden de cosas, especialmente en materia educacional”, y que “el rol del Estado en esta materia corresponde a una labor auxiliar ―de apoyo, nunca de sustitución― en la educación”.

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3. Libertad religiosa y de conciencia en nueva Constitución

La iniciativa fue hecha por las Confesiones religiosas en Chile, y actualmente se encuentra en el tercer lugar con más de 1.240 firmas. Entre las distintas confesiones se encuentran representantes de la Iglesia Católica, de la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, de la comunidad judía y el Consejo político mapuche “Walmapu”.

Correspondiente a la comisión de Derechos Fundamentales, la propuesta “busca reconocer constitucionalmente y proteger la libertad de conciencia y de religión”. Añaden que “con esta norma quiere también cautelarse el derecho de los pueblos originarios a vivir y practicar, individual o colectivamente, sus creencias”.

Exponen que “el Estado está imposibilitado de penetrar en este ámbito, debiendo respetar el proceso intelectual y la búsqueda de la verdad que desarrolle autónomamente la persona, como, asimismo, su comportamiento externo conforme a su conciencia”.

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4. Una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista

La propuesta enviada por la organización REDOFEM (Red Docente Feminista) hasta el momento reúne más de 690 adherencias, transformándose en la cuarta con más firmas. Esta estaría destinada a la comisión de Derechos Fundamentales.

“Toda la sociedad se beneficia al erradicar la violencia de género y el sexismo, puesto que es un problema estructural, que constituye lo social y lo permea en múltiples ámbitos”, señalan.

Declaran que en Chile “no tenemos un proyecto de educación pública ni tampoco, el Derecho a La Educación”, y que “es necesario reconstruir la educación pública”.

En su propuesta de articulado para la nueva Constitución, establecen, entre otros puntos, que “el Estado deberá resguardar el derecho a la educación para todas las personas, a lo largo de su vida, para lo cual financiará un sistema de educación público, no sexista, laico y gratuito, desde la primera infancia hasta la educación superior, siendo la educación básica y media de carácter obligatorio.”

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5. CON MI PLATA NO - Defiende tus ahorros previsionales

"Esta iniciativa busca mejorar las pensiones y al mismo tiempo proteger el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras." Así describen desde la agrupación Con Mi Plata NO su propuesta de norma constitucional, la cual suma mas de 680 apoyos por parte de la ciudadanía.

En la propuesta, que fue ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales, explican que "nuestros ahorros son el fruto del sacrificio de toda una vida y, es por esto, que la Nueva Constitución debe garantizar que nuestros fondos son y seguirán siendo de nuestra propiedad."

"Como los fondos son de propiedad de los trabajadores, somos nosotros quienes debemos decidir quién los administra, independientemente de si las instituciones son públicas o privadas. El Estado ni nadie nos puede obligar a un solo servicio", añaden.

Sostienen que en la nueva carta magna se debe garantizar la propiedad de los fondos actuales y futuros y que éstos sean heredables; que se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas; que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado; y que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales.

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6. #NOSONMUEBLES - Incorporación de los animales en la Constitución

“Actualmente, los Animales No Humanos (ANH) poseen el estatuto jurídico de bienes muebles semovientes o ‘cosas’ (por ejemplo, según lo establece el artículo 567 del Código Civil), estatuto legal que no permite la debida protección de los intereses y necesidades que poseen los ANH ni tampoco permite reestablecer en un contexto de justicia las diversas y diferentes interrelaciones que se dan entre seres humanos y ANH.”

Así justifican desde la Fundación Vegetarianos Hoy su propuesta de norma constitucional, que hasta el momento acumula más de 570 firmas, y que sería recibida por la comisión de Medio Ambiente.

Su propuesta de articulado contiene cinco pilares: el deber del estado, inclusión de todos los animales, consideración de conceptos de especie y territorio para la creación de políticas públicas, y reconocimiento de los animales no humanos como seres conscientes y seres sintientes.

Proponen que en la nueva Constitución se establezca que “el Estado garantizará la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad. La ley establecerá las normas de protección y resguardo de los animales”.

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7. Propuesta para que tu libertad de pensamiento, conciencia y religión quede bien protegida en la nueva Constitución

La sexta propuesta con más adherencia es realizada por la abogada de 59 años María Covarrubias, la cual ha juntado más de 540 firmas. Fue ingresada a la comisión de Derechos Fundamentales.

“La nueva Constitución debiera garantizar la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión, tal como la protegen todas las constituciones democráticas. Esta libertad es considerada inalienable e inderogable al ser uno de los fundamentos de las sociedades libres y plurales, democráticas, inclusivas y no discriminatorias”, explica.

Agrega que “Estado y confesiones religiosas no son, ni deben ser, adversarios sino interlocutores y cooperadores, cada uno desde su particular esfera y autonomía, cada uno en el marco de sus propios fines, para promover el desarrollo integral de la persona humana y la paz social”.

En su propuesta de articulado señala que “toda persona podrá individual y colectivamente, en público y en privado, manifestar, transmitir y vivir conforme a sus creencias religiosas, en cuanto ello no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”.

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8. Derecho a la vida

Desde el proyecto Siempre por la Vida, perteneciente a la Fundación Chile Siempre, buscan que el “el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción.” Se dirige a la comisión de Derechos Fundamentales.

En la iniciativa, que hasta el momento suma más de 520 firmas, señalan que “todas las personas tienen derecho a la vida, independiente de su edad o estado de desarrollo. Vemos como un problema la amenaza al derecho a la vida del no nacido, que se ha materializado incluso en una ley de aborto en 3 causales en nuestro país, y en un proyecto de ley de aborto libre en tramitación”.

Es por esto que en su propuesta de articulado señalan que la Constitución debe garantizar a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de cada ser humano, y la garantía de no sufrir torturas u otros apremios ilegítimos” y que “la ley protege la vida del que está por nacer.”

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9. Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción

El abogado y profesor universitario Jorge Astudillo explica en su iniciativa, dirigida a la comisión sobre Sistema Político, que “si bien es cierto la corrupción ha estado presente siempre en la vida social y jamás podrá ser desterrada del todo, ello no significa que los Estados no deban implementar todos los remedios que sean necesarios para reducirla en la mayor medida de lo posible”.

En la propuesta, que ya cuenta con más de 360 firmas, Astudillo explica que la nueva Constitución “debe prever mecanismos concretos para combatir la corrupción y así impedir o a lo menos obstaculizar que personas condenadas por corrupción puede ejercer funciones públicas sea o no de elección popular, ya sea en forma perpetua o en un número importante de años.”

Específicamente, propone que en la carta magna se consolide que “el principio de probidad debe ser estrictamente observado por toda persona que ejerza la función pública. Las personas condenadas por actos de corrupción tipificados por la ley quedarán inhabilitadas en forma perpetua para ejercer la función pública en cualquier tipo de cargo, sea o no de elección popular, desde el momento en que la sentencia condenatoria quede firme o ejecutoriada".

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10. El Derecho a la Seguridad Social

La propuesta llega de la mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, representada por su vocero Luis Mesina. Hasta ahora, la iniciativa cuenta con más de 290 firmas, y está dirigida a la comisión de Derechos Fundamentales.

“La falta de un sistema de Seguridad Social que otorgue prestaciones suficientes a hombres y mujeres en estado de necesidad. Lo que exige acabar con el negocio previsional sustentado en la capitalización individual y avanzar hacia un sistema solidario, como existe en la mayoría de los países del mundo”, explican.

Señalan que en la nueva Constitución se debería “consagrar como derecho inalienable la seguridad social de forma tal nunca quedar sujeto al arbitrio de los gobiernos de turno. Derecho que debiera ser garantizado por el estado, lo que supone que jamás este derecho debiera estar sujeto al lucro.”

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