Un grupo de convencionales presentó una iniciativa de norma para incorporar en el nuevo texto constitucional los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas; además de incluir como un deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado.
La propuesta fue realizada por el constituyente Bernardo de la Maza, y patrocinada por Agustín Squella, Benito Baranda, Cristina Dorador, Ignacio Achurra, Margarita Vargas, Tammy Pustilnick, Bárbara Rebolledo, Roberto Vega, Patricia Politzer, Javier Fuschlocher, Angélica Tepper, Juan José Martín, Damaris Abarca y Ricardo Neuman.
En el documento explican que “los casos de falta a la probidad y de corrupción ocurridos en la esfera pública y privada afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en el Estado y en las organizaciones de la sociedad civil en general”.
Sostienen también que, con esto, se genera “la impresión colectiva de que algunas personas son medidas con una vara distinta y de que existe una amplia y repudiable impunidad”.
Sobre la actual Constitución, afirman que es poco exigente con el gobierno y la administración del Estado, limitándose a establecer directrices escuetas en la materia.
Es por esto que en la propuesta de articulado establecen que el Estado deberá adoptar medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. "Esta obligación abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan en la forma que determine el legislador", añaden.
En la iniciativa escriben también que la nueva carta fundamental deberá asegurar a todas las personas el libre acceso a la información oficial y pública en poder del Estado y la administración.
Hoy cumplí un sueño y una promesa con mis votantes del distrito 8, al presentar una norma que exige al estado sancionar penalmente a los corruptos, tanto públicos como privados. En la foto algunos de los que me apoyaron: Agustín Squella, Bárbara Rebolledo y Cristina Dorador. pic.twitter.com/mozbM1Q83R
— Bernardo de la Maza (@bdelamaza) December 23, 2021
Cabe recordar que la iniciativa convencional constituyente es un mecanismo por el cual los miembros del órgano podrán proponer normas para la nueva Constitución. Estas deben ser presentadas entre ocho y 16 convencionales y, tras ser distribuidas por la Mesa Directiva, serán analizadas por la comisión temática que corresponda.
Revisa la propuesta completa a continuación:
Artículo XX: (...) “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones.
Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Esta obligación abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan en la forma que determine el legislador.
La Constitución asegura a todas las personas el libre acceso a la información oficial y pública en poder del Estado y la administración, en los plazos y formas que el legislador establezca.
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. El Legislador señalará la forma en que se podrá establecer la reserva o secreto de aquellos, por razones de seguridad nacional o protección de los derechos de las personas”.