El abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró este viernes que el convencional "no debería ser formalizado" dado que las sanciones a las que se expondría no representarían "una falta administrativa si se le aplicaran las normas que se le aplican a cualquier funcionario público".

El representante legal del convencional indicó que se trató de una "declaración bastante larga" ante la Policía de Investigaciones "en donde se tocaron todos los temas, tanto respecto del perjurio como las circunstancias de la llegada a la Convención, su historia personal, las actividades solidarias con las que fue apoyado, los diagnósticos, hospitalizaciones, los costos".

En se sentido, dijo que entregaron información "muy completa", especialmente "los antecedentes que se nos solicitaron para acreditar la existencia de síntomas, diagnósticos y hospitalizaciones. Y lo que viene ahora es que la Policía de Investigaciones debe realizar más diligencias y una vez que las realice probablemente envíe la orden de investigar de vuelta a la fiscalía".

Sobre la situación del convencional, Tomás Ramírez indicó que está "preocupado por la situación en que se encuentra" y que se presentó con el "ánimo de aportar los antecedentes que permitan a todas las personas que lo han pasado tan mal en esta situación (...) que puedan tener todos los antecedentes (...) en torno a que las hospitalizaciones son reales".

El abogado agregó que ahora tendrán que contactar a distintos especialistas que les permitan "determinar el origen de sus síntomas, de tal manera que él y todas las personas puedan saber si son los diagnósticos correctos, si son otros, o complementarios".

Consultado sobre el avance de una investigación penal contra Rojas Vade, Ramírez recalcó que si bien su representado "efectivamente no entregó información real sobre su diagnóstico y tratamiento (...) sin perjuicio de eso, esa conducta de entregar la información que entregó en la declaración jurada, ni siquiera es una falta administrativa si se le aplicaran las normas que se le aplican a cualquier funcionario público".

"Desde ese ese punto de vista no tiene ningún sentido que sea perseguido penalmente (...) ni siquiera para iniciar un procedimiento", enfatizó el abogado.

En ese contexto, dijo: "nuestra posición es que no debería ser formalizado".