La Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a los gobiernos para que tomen medidas concretas con las personas privadas de libertad o internadas en recintos cerrados de manera de evitar que cause "estragos" al interior de las cárceles, hospitales y hospicios.

"El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró Bachelet.

“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, añadió.

“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”, dijo la Alta Comisionada.

Además, hizo un especial llamado por lo que ocurre en las cárceles y sugirió que ciertos reclusos sean dejados en libertad ante la crisis.

“Habida cuenta de que ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y otras instituciones en un número creciente de países, las autoridades deberían actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas entre los reclusos y los miembros del personal”, afirmó Bachelet.

Según afirmó ya las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19, entre otros a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos.

“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, insistió Bachelet.

Finalmente la expresidenta afirmó que “en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”.