El fiscal nacional, Jorge Abbott, rindió vía streaming la Cuenta Pública 2019 del organismo, Sin embargo, en la oportunidad también abordó el impacto de la pandemia de coronavirus desde marzo, cuando se confirmó el primer caso en nuestro país.
Al respecto, la autoridad persecutora detalló que para intensificar la persecución de los infractores de las medidas sanitarias impuestas por el Ejecutivo, debió actualizar los criterios de actuación para ampliar la aplicación del Código Penal a quienes también violaran el toque de queda. Lo anterior se tradujo en el ingreso de 8.177 delitos por infracción a las medidas sanitarias a lo largo de todas las fiscalías de Chile, hasta el pasado 17 de abril.
Asimismo, aseguró que las primeras medidas adoptadas se dirigieron hacia la protección de fiscales y funcionarios, quienes en cerca de un 90% se encuentran realizando funciones remotas.
Además, aseguró que las denuncias por violencia intrafamiliar han mostrado una fuerte baja, pese al aumento del número de llamados a los teléfonos de emergencia. Entre marzo y abril se observó una disminución de un 20% en las denuncias por delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, lo que se profundiza en la primera quincena de abril, con una caída del 40%.
"La restricción del tránsito libre ha impedido realizar muchas de esas denuncias, lo que hace urgente que las víctimas más vulnerables, como lo son mujeres, niños, niñas y adolescentes tengan a su disposición canales expeditos para denunciar y recibir protección lo más pronto posible", advirtió Jorge Abbott.
ANTE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA CONTAGIADOS, EL MINISTERIO PÚBLICO SERÁ "PARTICULARMENTE SEVERO"
Abbott también rechazó los actos de violencia en contra de personas contagiadas con COVID-19, y anunció que el Ministerio Público será "particularmente severo" al investigar estos hechos si se configuran delitos: "Nos parecen inaceptables conductas de esta naturaleza que no solo hemos visto con personas provenientes de otros países, sino que también con algunas que se encuentran contaminadas con COVID-19", expresó.
Añadió que "seremos particularmente severos en investigar cualquier delito que se origine producto de estas situaciones, nos parecen francamente inaceptables y no se condicen con la calidad que tenemos como nación respetuosa a los derechos fundamentales".
ESTALLIDO SOCIAL: ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE HUBO MÁS DE 323 MIL IMPUTADOS
En su cuenta, Abbott aseguró que la gestión del Ministerio Público fue impactada severamente por el estallido social, debido al incremento de los delitos de desórdenes públicos, daños a la propiedad pública y privada, incendios, maltrato de obra a las policías y también un aumento en las denuncias por delitos de violencia institucional.
Informó que entre octubre y diciembre de 2019, los imputados sumaron más de 323 mil y las víctimas de violencia institucional se elevaron a 6.900.
"Un número importante de personas e instituciones públicas y privadas también fueron víctimas de delitos graves, entre ellos las propias policías y servicios públicos esenciales, como Metro, en la Región Metropolitana. Esto derivó en un volumen relevante de investigaciones, actualmente en curso, incluyendo las que involucran a agentes del Estado", indicó.
GESTIÓN DE 2019
En un año que estuvo marcado por el volumen más alto de ingresos de denuncias desde el inicio de la Reforma Procesal Penal con 1.455.535 ingresos, Abbott destacó que en 2019 y antes del estallido social, el Ministerio Público se encontraba avanzando en la persecución penal de delitos de carácter económico, de corrupción, los delitos violentos y sexuales, entre otros.
Asimismo, destacó la obtención de cerca de 210 mil condenas, más de 132 mil salidas alternativas, la formalización de 228 mil imputados y la realización de más de 9 mil juicios orales. También se valoró el aporte del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, que a nivel nacional declaró en el 2019 735 focos con más de 16 mil delitos investigados.
El fiscal nacional también recalcó la importancia de la puesta en marcha de la primera etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas para niños, niñas y adolescentes e informó que, desde su arranque el 3 de octubre de 2019, se han realizado más de mil entrevistas de este tipo.