Fiscalía investigará a seremi de La Araucanía por poner en peligro la salud pública

Fiscalía investigará a seremi de La Araucanía por poner en peligro la salud pública

La seremi de Salud, Katia Guzmán Geissbühler, contrajo la enfermedad, por lo cual una serie de otras autoridades que tuvieron contacto con ella debieron ser aisladas, entre ellos el intendente y el director de la Onemi.

Agencia Aton
23.03.2020

El fiscal vocero de la fiscalía regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó la apertura de una investigación penal contra la secretaria regional ministerial de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, denunciada al Ministerio Público por realizar conferencias de prensa estando contagiada.

“El Ministerio Público ha iniciado investigación por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación. En este delito, según la denuncia le cabría participación y responsabilidad a la seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán”, explicó Garrido.

También informó que el fiscal regional Cristian Paredes designó al fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffmann, como fiscal con dedicación preferente la denuncia presentada contra la autoridad sanitaria y otros eventuales delitos de la misma naturaleza que puedan producirse en el contexto del estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus que enfrenta el país.

Hoffmann investiga la causa contra un paciente contagiado con el Covid-19 que viajó en avión desde Santiago a Temuco, sin respetar la cuarentena que se le impuso.

Roberto Garrido explicó que asimismo “se ha solicitado a la Policía de Investigaciones la formación de un equipo especial para la investigación de este caso y otros que estaban a cargo del fiscal Carlos Hoffmann, por el mismo ilícito”.

El fiscal recordó que el en el Artículo 318 del Código Penal sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

“La infracción de este tipo de normas puede generar responsabilidades penales que están castigadas con multas que pueden llegar a las 20 UTM y, además, con penas privativas de libertad que pueden extenderse a los 540 días en su máximo”, concluyó Garrido.


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