El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció este lunes que el Gobierno presentará una apelación a las medidas cautelares que se determinaron para 31 personas detenidas este fin de semana tras participar de una fiesta clandestina en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana.
Se trata de un grupo de ciudadanos que fueron arrestados por Carabineros ya que participaban de una celebración por el día del padre en la calle Río de Janeiro de dicha comuna, área hasta la que incluso se iba a trasladar una orquesta para amenizar a los invitados. Los uniformados llegaron al lugar gracias a la difusión del evento en redes sociales, logrando la aprehensión de esas 31 personas.
Los sujetos fueron formalizados y 29 de ellos quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliarios mientras que dos deberán cumplir prisión preventiva, restricción que les fue impuesta porque tenían antecedentes penales.
El subsecretario Galli se mostró en desacuerdo con dichas medidas indicando que buscan consecuencias más gravosas para quienes violen las disposiciones sanitarias para evitar la diseminación del COVID-19, por lo que anunció una apelación ante la justicia. "Se pone en riesgo a las personas, especialmente aquellos que están en mayor peligro como son los enfermos crónicos y los adultos mayores", justificó.
Cabe recordar que quienes violen las medidas de higiene se exponen hasta a tres años de cárcel y 10 millones de pesos, penas que pueden aumentar para quienes organicen eventos que no respeten las disposiciones sanitarias.