El ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, informó que en los próximos días el Gobierno ingresará al Congreso un veto presidencial a la ley que prohibió el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia.
"Sí, es un veto, es una propuesta que se hace al Congreso, pero no va a tener ningún impacto en los beneficios de las personas. No se va a afectar ningún beneficio", dijo el secretario de Estado en entrevista con Radio Universo.
La autoridad explicó que con la medida "queremos asegurar los suministros básicos, pero sin problemas con la constitucionalidad vigente".
"Estamos estudiando acciones que no afecten los beneficios a las personas sino que hacerle acomodos", añadió.
Sobre cuándo será presentado este veto, el titular explicó que "hay plazo hasta el día 11, y dentro de esta semana va a ser ingresado al Parlamento. Solamente queremos hacer ajustes para que esos beneficios estén acorde a la legislación y el marco constitucional vigente".
En cuanto a las diferencias entre el Gobierno y Chile Vamos, afirmó que "estamos tratando de coordinar a la coalición, conversar con la UDI, RN y Evólpoli. Los esfuerzos del comité político están en esa línea".
La ley fue aprobada el 11 de junio pasado y establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago.
Avanza proyecto que suspende el pago de créditos de educación superior
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que suspende el pago de créditos universitarios durante el estado constitucional de emergencia por la pandemia de covid-19.
En la instancia se acordó el cambio del nombre de la moción para que represente mejor su alcance, pues no solo hace referencia al Crédito con Aval de Estado (CAE).
La propuesta choca con el último proyecto anunciado por el Gobierno, que apuesta a ampliar los cupos para acceder al CAE y para postular a gratuidad, extendiendo un nuevo plazo de postulación.
Tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentarios oficialistas se hizo reserva de constitucionalidad de los artículos que conforman el proyecto, por considerar que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El proyecto modifica las leyes que establecen normas para el financiamiento de estudios de educación superior y sobre fondos solidarios de crédito universitario.
La moción parlamentaria señala que la obligación de pago de las cuotas de créditos de educación superior podrá ser suspendida total o parcialmente por parte del deudor durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y el tiempo en que este sea prorrogado.
Las cuotas suspendidas se agregarán a continuación del término del período original de pago, extendiéndose este por los meses que dure la suspensión.
Además, la iniciativa suspende la facultad de la Tesorería General de la República de retener la devolución de impuestos a la renta del deudor de crédito para el año tributario 2021, en virtud de las consecuencias de la pandemia por covid-19.
La diputada y presidenta de la comisión, Camila Rojas (Partido Comunes), explicó que “aprobamos en particular el proyecto que busca suspender el pago de las cuotas del CAE y de otros créditos de educación superior mientras dure la pandemia, y que también incluye que no haya retención de impuestos para quienes emiten boletas de honorarios y a su vez tienen deudas educacionales”, señaló.
“El Ejecutivo, lamentablemente, y como ya es costumbre -añadió-, dice que este proyecto es inconstitucional, sin embargo hemos logrado avanzar de todos modos. Esperamos que cuanto antes el proyecto pueda estar en sala“, añadió Rojas.
La comisión definió que el proyecto sea informado a la sala por la diputada Camila Vallejo (PC) y a juicio de Camila Rojas, la iniciativa no debería seguir un trámite en la comisión de Hacienda.