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Informe de la ANFP denuncia que hubo operación para sacar a Castrilli

Todo esto se da tras las denuncias realizadas por el árbitro Francisco Gilabert sobre presuntas presiones para cobrar un penal en favor de Huachipato ante Deportes Copiapó durante la Liguilla de Promoción.

24 Horas.cl

Agencia Uno

Martes 19 de abril de 2022

Durante la tarde de este lunes, la ANFP dio a conocer las conclusiones de la investigación por presuntas irregularidades y presiones indebidas durante la Liguilla de Promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó el pasado 26 de enero en Talcahuano.

Las denuncias fueron interpuestas tras las declaraciones del árbitro del partido, Francisco Gilabert, luego de que se diera a conocer un audio en donde asegurara que cobró un penal "entendiendo que no podía ser penal", en el minuto 69 del encuentro.

En los registros divulgados, el referí aseguró que "vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo y caché que me iba a llamar el VAR. Me llaman, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen 'Francisco, momento, analiza la camiseta'. Veo un jalón, pero me parece acción de juego, así que digo que voy a ir con tiro de esquina. 'Francisco, por favor, analiza la camiseta'".

""Termina el partido y el VAR me dice 'hueón, menos mal que cobraste penal, menos mal que entendiste'. Digo sí, y me dicen 'llamaron de Santiago, había que cobrar penal", decía además el audio.

Estos testimonios se dieron a conocer en medio de un paro realizado por parte de los árbitros nacionales que ponía en riesgo la realización de la pasada fecha,tras el despido de 14 colegas.

Tras la liberación de estos dichos y el paro de los colegiados la crisis al interior del fútbol chileno fue total. En medio de toda esta polémica el ente rector despidió al presidente del Comité de los Árbitros, Javier Castrilli, además de acceder a las peticiones del Sindicato de Árbitros. Tras ello, el argentino aseguró que todo fue una operación en su contra.

Informe de la ANFP

Esta jornada se dio a conocer el lapidario informe de la ANFP, en el que se asegura que "no existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna por parte de terceros, respecto a la decisión adoptada por el árbitro, sr. Francisco Gilabert".

Asimismo se indica que "se logró determinar de manera clara y precisa, a través de informes encargados y recibidos de las empresas externas y especializadas en análisis de partidos, Genius Sport y Sportradar, que se descarta categóricamente indicios de cualquier tipo de arreglo, amaño o manipulación del partido en cuestión".

"En el curso de la presente investigación, se lograron recopilar antecedentes y datos que evidencian la existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno, que dañaron a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la transparencia de la actividad del fútbol en su conjunto", agrega el texto.

Recomendaciones

Debido a lo anterior, desde el ente rector del fútbol chileno entregaron una serie de recomendaciones sobre este caso, las cuales son:

Entregar todos los antecedentes al tribunal de disciplina de la ANFP debido a la infracción de los artículo 23,60 N°1 y 68, que indica que "cualquier acto que pudiese provocar descrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto, o de los personeros que la representan, será sancionado de cuatro a 50 juegos de suspensión o de un mes a tres años de inhabilitación, según corresponda".

Además de ello indican que durante la investigación "se evidenciaron eventuales conductas contrarias al fair play".

Como segundo punto, en el documento sugiere entregar todos "los antecedentes anteriores al Ministerio Público, "toda vez que en el curso de la investigación, se recabaron antecedentes fundados que dan cuenta de la realización de conductas típicas del artículo 161-A del Código Penal, esto es "en recintos particulares y públicos y por cualquier medio (...) capte,grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones o instrumentos de carácter privado".

Debido a lo anterior, los involucrado arriesgarían reclusión menor en su grado máximo y multa de entre 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.