Una nueva querella criminal volvió a sacudir al mundo financiero y deportivo chileno. Michael Clark, presidente de Azul Azul, fue nuevamente apuntado por la justicia luego de que un grupo de inversionistas presentara una acción penal en su contra y de otros seis ex ejecutivos del grupo Sartor, acusándolos de una serie de delitos económicos de alta gravedad.
La querella fue ingresada el pasado 16 de diciembre de 2025 ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y representa a 20 personas que se declaran víctimas de un esquema que habría generado perjuicios por más de $3.300 millones. Entre los delitos imputados figuran estafa, negociación incompatible, administración desleal y entrega de información falsa al mercado.
OTRA QUERELLA CONTRA CLARK. Fue presentada el 16.12.25 en el 4°Juz Garantía RM. Apunta a 7 exejecutivos SARTOR. 20 personas dicen ser víctimas de estafa, negociación incompatible, administración desleal y entrega de información falsa. Denuncian perjuicios por más d 3300 millones
— Fernando Tapia (@FernandoAgustin) January 15, 2026
De acuerdo con el escrito judicial, los querellantes acusan a los ex directivos de Sartor de utilizar fondos de inversionistas para financiar empresas relacionadas a ellos mismos, configurando un conflicto de interés que vulneraría de forma directa la normativa del mercado de valores y el deber de lealtad con los aportantes.
Michael Clark aparece mencionado tanto por su rol como ex director de Sartor Administradora General de Fondos, como por su vinculación con sociedades que habrían recibido financiamiento indirecto a través de los fondos administrados por la firma. La querella sostiene que estas operaciones no habrían sido informadas de manera transparente ni reflejadas correctamente en la valorización de los instrumentos.
Un caso que se suma a acciones previas
Esta nueva acción judicial no es un hecho aislado. A mediados de 2025, Clark ya había quedado bajo la lupa luego de que Inversiones ADM S.A. presentara otra querella criminal contra los principales ejecutivos de Sartor, denunciando un perjuicio que superaría los $ 4.286 millones.
En esa causa, se acusó a los directivos de desviar recursos de los clientes mediante contratos especiales de inversión (CAI), los cuales dejaron de pagar la rentabilidad prometida desde diciembre de 2023, sin que se restituyera el capital invertido.
La venta de Azul Azul y el rol de la CMF
Uno de los puntos más sensibles expuestos en la querella es la venta del paquete controlador de Azul Azul S.A. a una sociedad ligada a Clark. Según el documento, la operación se habría concretado a un “precio vil” y sin realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA), justo antes de que se solicitara la liquidación forzosa de Sartor, lo que podría configurar un eventual vaciamiento patrimonial.
La acción legal se apoya, además, en múltiples resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que terminó revocando la autorización de funcionamiento de Sartor AGF tras constatar graves irregularidades, conflictos de interés reiterados y la entrega de información falsa al mercado.
Los querellados
Además de Michael Clark, la querella identifica a otros ex ejecutivos del grupo Sartor, entre ellos: Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Rodrigo Bustamante y Óscar Ebel, junto a las personas jurídicas Sartor Administradora General de Fondos S.A. y Asesorías e Inversiones Sartor S.A.
El Ministerio Público deberá ahora analizar los antecedentes y determinar los pasos a seguir en una causa que sigue escalando y que mantiene bajo fuerte presión al presidente de Azul Azul, en medio de un escenario judicial cada vez más complejo.
