El Comité de Ministros aprobó el proyecto que permite emplazar el centro de distribución El Peñón, de Walmart, en la comuna de San Bernardo.
Se trata del centro más grande de la cadena de supermercados que se ha emplazado fuera de Estados Unidos, cuya inversión asciende a los US$180 millones, y que ha sido ampliamente rechazado tanto por los vecinos como por el propio municipio de la comuna.
La aprobación echa por tierra la reclamación realizada por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que había desaprobado su instalación, y se habrían considerado aspectos como el documento enviado por Walmart en enero de este año, donde aseguran que el impacto vial "no sería significativo".
La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, asegura que el impacto vial será alto, lo que causará una disminución en la calidad de vida de los vecinos. Además, no descarta acudir a otras instancias para que no se realice el proyecto, como por ejemplo, el Tribunal Ambiental.
"Aquí corrió plata (...) porque no se explica de otra manera cómo se vulnera el uso del suelo, cómo se vulneran los derechos de nosotros como municipio de ganar todos los procesos en tribunales y nadie haga algo", sostuvo Cuevas a Emol.
Por su parte, el presidente y CEO de la multinacional en Chile y Argentina, Horacio Barbeito, defendió el proyecto señalando que, a parte de aumentar la capacidad logística que les permitirá llegar a todos los rincones del país, generará 2 mil puestos de trabajo.
MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE: MAYORES IMPOSICIONES A LA EMPRESA
La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aclaró que el Comité estableció mayores imposiciones a la empresa "para dar mayor tranquilidad a los vecinos y a la ciudadanía".
Según consigna el citado medio, habrá restricciones a camiones como un flujo máximo de 3 camiones por hora (antes se contemplaban 42 por hora), sólo en horario valle y con restricción de que transiten por el camino El Barrancón, por ser una de las mayores preocupaciones de los vecinos.
Indicó además, que los camiones serán monitoreados vía GPS, y que la empresa tendrá la obligación de reportar a las autoridades el cumplimiento de estas medidas.
Schmidt respondió también a la alcaldesa Nora Cuevas, señalando que "la institucionalidad de nuestro país ha cumplido en el proceso de evaluación y aquí los tribunales ambientales, ante cualquier reclamación, es el procedimiento establecido en nuestra normativa y que todos debemos cumplir".