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Conadecus demanda a empresas de gas por "abusos sistemáticos y gravísimos en precios"

Desde la organización precisaron que Metrogas, Gasco, Abastible y Lipigas protagonizaron "un fraude civil" y "aprovechamiento económico masivo y billonario" en contra de los consumidores.

24horas tvn

Lunes 15 de noviembre de 2021

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva contra las empresas de gas por los “abusos sistemáticos y gravísimos en los precios del gas licuado y natural”.

De acuerdo a la información entregada por la entidad, el primer recurso apunta contra Metrogas y su relacionada Agesa representando a cerca de 785 mil familias y por cobros indebidos cercanos a los US$400 millones.

Desde 2016 y hasta la fecha, estas empresas han cometido un fraude civil aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta”, detalló.

En tanto, la segunda instancia judicial se interpuso contra Gasco, Abastible y Lipigas "en representación de todos los consumidores de gas licuado del país", estimándose en 7 millones de personas.

"Desde 2014 y hasta la fecha, esas empresas han efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores y, por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente USD $181 millones anuales", aseguró Conadecus.

La Conadecus consideró que es "indolente" este aumento del precios, "sobre todo para los segmentos más modestos del país, manteniendo el alza los precios del gas, por un afán de lucro insaciable, pese a que los costos a los que ellas accedían experimentaron una caída sistemática".

Recordar que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el 7 de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.