Este martes el Senado aprobó las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, que reemplazan la actual legislación de quiebras por una Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas.
La iniciativa, ingresada el 23 de mayo de 2012, incluye procedimientos concursales adecuados para cada deudor en dificultades, sean éstos micro, pequeños, medianos o grandes, personas jurídicas o naturales, en equilibrio con la debida protección a los acreedores y sus garantías.
Al respecto, el ministro de Economía, Félix de Vicente, destacó el importante avance que esta ley significa para los emprendedores. “Creemos que tan necesarias como las políticas públicas que incentivan el inicio del emprendimiento, son aquellas que facilitan su término, permitiendo encarar de mejor manera el fracaso, entendiéndolo como algo inherente al desafío de emprender.
"El antiguo régimen desincentivaba el reemprendimiento, atentaba contra la recuperabilidad del crédito, inhibía la reinserción de los activos a la economía, no contemplaba incentivos para que el acreedor prefiriera la reorganización por sobre la liquidación e incidía negativamente en la inversión extranjera, lo que representaba un alto costo para el Estado", concluyó el jefe de la cartera de Economía.
Por su parte, la Superintendenta de Quiebras, Josefina Montenegro, destacó que el proyecto constituye un enorme avance legislativo, que "nos permitirá saldar la deuda histórica que el país mantiene en materia concursal con sus emprendedores, consumidores y trabajadores”. Asimismo, valoró el nivel de consenso que alcanzó el proyecto y agradeció a los Diputados y Senadores por aprobar una legislación que “Creemos firmemente constituye una herramienta real para todos aquellos ciudadanos que alguna vez tengan que enfrentar la experiencia de vivir una crisis financiera, ofreciéndoles un sistema justo y eficiente para poder sobrellevarla con éxito".
El proyecto pone especial énfasis en uno de los principales problemas sociales que implica la quiebra de una empresa: el término de la relación laboral y potencia la reorganización por sobre la liquidación; incentivando la conservación de una empresa como unidad productiva y generadora de empleo.
La nueva ley se hace cargo del inadecuado tratamiento de la insolvencia de las personas naturales, que actualmente es igual que el de las empresas. Para ello, se innova creando un procedimiento que les permita renegociar sus obligaciones con todos sus acreedores, o, en su defecto, lograr una ejecución expedita y simplificada de sus bienes.
Una vez publicada en el Diario Oficial, se establece un plazo de vacancia legal de 9 meses, con el objetivo de preparar la entrada en vigencia de la ley, lo que incluirá la modernización de la Superintendencia y la capacitación de los tribunales.