Los diputados Paulina Núñez, Issa Kort y Felipe Ward presentaron una querella en contra de los funcionarios de Coldelco que resulten responsables "por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias".
Esto, según detalla la acción judicial, detalla cuatro casos constitutivos de delitos que incluyen servicios que no habrían podido ser constatados por la Contraloría, y que se gestaron entre familiares.
1. Contratos celebrados entre Codelco y Hatch Ingenieros y Consultores Limitada.
"La prohibición referida señala, en lo pertinente, que las empresas del Estado no podrán suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco cuando sean gerentes, administradores, representantes, o directores de cualquiera de las sociedades antedichas".
En esa línea, denuncian que la Contraloría General de la República acreditó que existe relación de parentesco entre quien suscribe el contrato en representación de Codelco Francisco Casas Cánepa y Fernando Vivanco Giesen, representante legal de la empresa Hatch Ingenieros, siendo el primero yerno del segundo.
2. Respecto a la fundación Chile, donde se detectó una contratación directa fundada en la razonabilidad de los precios y en su especificidad en el "Contrato de Desarrollo, Transferencia y Asesoría en Tecnología e Innovación".
"Sin embargo, el informe de auditoría señala que ni los servicios eran suficientemente específicos ni los precios suficientemente razonables".
En la querella, se establece que se acreditó que "los servicios iniciaron antes de las aprobaciones de contratación directa, de modo tal que la contratación con este oferente estaba resuelta antes que se terminar el procedimiento de aprobación de la contratación por trato directo".
Además, la Contraloría detectó que no se contemplaban multas ante el incumplimiento del contratista, señalando como conclusión sobre este punto que es esencial que una empresa pública como Codelco establezca multas en los contratos.
3. Respecto de Schawager Services S.A.
La acción judicial también da cuenta de la detección de un trato directo que no cuenta con un informe de razonabilidad debidamente elaborado. "No es claro que los servicios hayan sido necesarios ni totalmente prestado en tiempo y forma".
4. Respecto de Sistema Consultores Limitada.
Se establece la contratación por trato directo por sobre los 33 millones de pesos, por servicios cuya duración ascendieron a 12 meses.
"Digamos las cosas como son, nunca se realizó el trabajo encomendado, sólo se remitieron copias de información de prensa, nada más. Eso de modo alguno constituye un análisis, que era el objeto del contrato", plantea la querella.
En el documento, los parlamentarios solicitan como diligencia que el Ministerio Público decrete como diligencia de investigación una orden de investigar para la brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Además, se solicita que se oficie a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), a fin que se remitan todas las auditorías que se han realizado a Codelco desde el año 2013 en adelante, señalando quiénes han sido los fiscalizadores que las han realizado.
Por último solicitan que se oficie a la Contraloría General de la República a fin que se informe "quiénes fueron los funcionarios que realizaron la fiscalización, con la finalidad que sean citados a prestar declaración en calidad de testigos ante el Ministerio Público".
Foto: Agencia Uno