El embajador de Panamá en Chile, José Antonio Sossa Rodríguez, se pronunció respecto a los cuestionamientos a la plataforma financiera y de servicios de su país, tras la filtración de documentos del bufet panameño Mossack Fonseca, en el denominado caso 'Panamá Papers'.
El diplomático reiteró "el enérgico y profundo rechazo al hecho que este informe haya sido titulado de esta manera, desprestigiando así el nombre de nuestro país y nuestra plataforma de servicios".
"El Gobierno de Panamá lamenta y rechaza contundentemente que sea nuestro país quien esté pagando por la enorme confusión que ha generado la difusión de este informe, que, nuevamente reitero, habla de documentos de una firma de abogados y no de nuestra plataforma de servicios", enfatizó.
Sossa Rodríguez destaca que con el apoyo del sector público y privado "se ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia, pasando legislaciones que nadie más en el mundo tiene".
"El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier irregularidad dentro del sistema legal o financiero. Les aseguramos que nos estamos manejando con los más altos niveles de transparencia, superando normativas de incluso las grandes potencias del mundo, y continuaremos los esfuerzos para seguir actualizando y modernizando nuestra plataforma financiera y de servicios", aseveró.
Asimismo, reiteró la colaboración total de Panamá a las investigaciones que anunciaron otros países, en caso de que inicien algún proceso judicial.
RESPUESTA A LA OCDE
El embajador de Panamá en Chile compartió la carta que envió el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, tras el comunicado que emitió la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde tilda a Panamá "como una jurisdicción que permite una cultura de secretismo".
"Las leyes panameñas de incorporación de sociedades no son fundamentalmente distintas a las de cualquier otra jurisdicción financiera de relevancia y, de hecho, la mitad de las sociedades incorporadas, según el propio informe, provienen de las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que opera bajo legislación británica. Asimismo la táctica de ignorar otras jurisdicciones y enfocarse únicamente en Panamá es injusta y discriminatoria", indicó.
Hincapié aseguró que "Panamá cuenta con una amplia red de convenios que permiten el intercambio de información fiscal, en el marco de los cuales nuestra autoridad tributaria coopera con otras autoridades a fin de contrarrestar la evasión fiscal".
A ello, el secretario de Estado agregó que "Panamá apoya firmemente la decisión de los gobiernos de investigar a sus ciudadanos en caso de que los mismos sean sospechosos de actividades criminales, incluyendo la evasión fiscal".
"Ese debe ser el enfoque de la OCDE, no las leyes particulares de Panamá, que no son ni menos transparente ni más secretas que las de otros centros financieros importantes", finalizó.
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