Este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de retiro de un segundo 10% de los fondos de las AFP.
En conversación con canal 24 Horas, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica y ex líder de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones convocada por la Presidenta Michelle Bachelet, David Bravo, manifestó su preocupación por el avance del proyecto ya que, según su diagnóstico, afectará de manera muy importante las actuales y futuras pensiones.
"Si se materializa ese segundo retiro, creo que vamos a tener que dejar de pensar que en Chile vamos a tener un sistema de pensiones digno, decente, o como se quiera llamar", expresó.
En palabras del académico, este nuevo retiro, "nos genera una situación muy parecida y consolidar la caída más importante de las pensiones que se haya registrado en un lapso tan corto en nuestra historia".
El experto puntualizó que "el daño que se ha generado en las pensiones futuras es de tal importancia que no se ha aquilatado por los parlamentarios que dicen que la reforma es prioritaria y con el retiro están disminuyendo esos fondos". Añadió que "lamentablemente se ha dilatado la reforma, los distintos gobiernos no han sido efectivos para poder implementarla, la Presidenta Bachelet mandó una reforma muy al final de su período y la reforma que el Presidente Piñera mandó está en discusión en el Congreso".
Bravo además explicó que con el primer retiro, ya hay muchas personas que se quedaron sin saldo en sus cuentas de ahorro de capitalización individual y con este segundo retiro, "no solo las pensiones no van a haber mejorado, sino que van a verse deterioradas aun más. El deterioro en las pensiones va a ser significativo producto de estas mociones parlamentarias".
Si bien sostiene que el Gobierno se ha demorado en implementar beneficios para la ciudadanía en medio de la crisis económia acentuada por la pandemia, para el profesor, "las medidas importantes que hay que tomar, que son dolorosas como aumentar las cotizaciones y poner más recursos del Estado, van a ser para recuperar esta pérdida de recursos producto de los retiros".
Producto de lo anterior, Bravo piensa que en el Parlamento se están tomando "medidas poco reflexivas, están empeorándose producto en estos meses de la acción de esta iniciativa".
En definitiva, el académico afirma que un nuevo retiro "me parece que es una política totalmente equivocada. Por supuesto que la caída de los ingresos requiere medidas compensatorias y que sean efectivas (...) es una medida irreflexiva, miope, lo que hace es oradar el sistema de pensiones, no el sistema de AFP. Se está hipotecando el futuro de una generación de personas producto de una medida que nunca debió haberse tomado".
Estudio advierte que 4 millones de personas quedarían $0
El análisis, hecho en base a una muestra representativa de los afiliados al sistema de pensiones al año 2016, muestra además que las mujeres serían en grupo más afectado. De los 4 millones de afiliados que quedarían sin ahorros en sus cuentas, el 57,7% corresponde a mujeres, lo que equivale a 2,3 millones de personas.
Asimismo, los afiliados que quedarían sin saldo se caracterizan por pertenecer a los deciles de ingresos más bajos.
Según el análisis de Ciedess, lo más complejo sería que de los cuatro millones de afiliados que quedarían sin saldo en sus cuentas individuales (35% de los afiliados totales), un millón no podría tener acceso al Pilar Solidario una vez que se jubilen. Es decir, un 25% de los cuatro millones de afiliados.
De acuerdo a la caracterización socioeconómica de estos últimos afiliados, cerca de un millón pertenece a los 4 deciles de mayores ingresos (26,5% de los afiliados que se quedarían sin saldo) y casi 3 millones pertenecen a los 6 deciles de menores ingresos (73,5%).
Lo anterior es de especial relevancia, puesto que considerando el criterio de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias (60% más vulnerables), el primer grupo estaría excluido de sus prestaciones, en caso de no continuar cotizando y no tendrían pensiones en el futuro, y el segundo grupo implicaría una mayor carga fiscal para el Estado.