Los adultos mayores son un segmento de la población que ha estado históricamente más desprotegido, sobre todo, por las bajas pensiones que pueden llegar a recibir y que les impiden vivir esos años de su vida de forma digna.
Si bien el último reporte de la Universidad San Sebastián y Equifax reveló que el 13% de los morosos chilenos corresponde a este grupo etario, cifra que no parece particularmente alta, el monto promedio de deuda alcanza los $ 1,8 millones, lo que triplica la media de su ingreso, que llega a los $600 mil.
A ello se suma una triste realidad: cerca de 15 mil adultos mayores que viven con una pensión básica de $107 mil se encuentran endeudados por hasta siete veces ese número. Para Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil, todo aumento en las cifras de morosidad relacionadas a este perfil es complicado para el país, debido a que esto trae “una serie de problemas psicológicos, emocionales, familiares e incluso generacionales”.
Según Lecaros, se trata de un panorama “alarmante y es difícil poder sacarlos de esa situación de mora. Las estadísticas hoy dicen que el 25% de las personas de la tercera edad tiene otro trabajo, dado que para ellos es mucho más difícil poder costear sus gastos, medicamentos, etcétera”.
Para Patricio Gana, socio principal de AK Contadores, algunas de las causas esenciales de esta problemática se relacionan a que “los adultos mayores tienen acceso a créditos a pesar de que tienen bajos ingresos, principalmente porque les pueden hacer descuentos de sus pensiones a través de las cajas de compensación, entonces, la facilidad de cobro de las instituciones que prestan los dineros es bastante alta”.
“Muchas veces se genera sobreendeudamiento por dinero que este grupo de consumidores ni siquiera usan, sino que son beneficios que ellos buscan obtener para traspasarlo a familiares”, agregó.
FALTA DE FISCALIZACIÓN
En cuanto a las medidas necesarias de tomar para revertir estas cifras, Gana advirtió la falta de fiscalización para determinar “quienes realmente son o no sujetos de crédito”, ya que efectivamente la mayoría de los adultos mayores no lo son.
“No hablaría de responsabilidades de los administradores o instituciones que dan tarjetas de crédito, pero sí de una responsabilidad social, puesto que muchos de estos consumidores van perdiendo parte de sus facultades a medida que pasa el tiempo y se sienten dependientes de otros, por lo que, claro, hay familiares que los obligan o presionan en demasía para obtener estos créditos y utilizarlos en su propio beneficio”, alertó.
“Hay un tremendo desafío en políticas públicas tanto en costo como en carga fiscal, dado que van a haber cada vez más adultos mayores en el mercado y, por lo tanto, un pilar solidario que no va a alcanzar”, reparó Cristián Lecaros.
Finalmente, el CEO de Inversión Fácil, planteó que “la capacitación es muy importante para darles las herramientas con las cuales se puedan reinsertar laboralmente y tener un flujo de ingreso adicional al promedio de renta nacional de jubilación que debe ubicarse en torno a los 130 o 140 mil pesos, lo que, por supuesto, no alcanza para nada. Ellos pueden tener acceso a créditos más baratos, levantando tal vez parte de sus propiedades y armar algún tipo financiero para poder reinsertarse laboralmente”.
“Como país, tenemos el tremendo reto de hacernos cargo de un pilar solidario más alto y más digno”, emplazó.