Perú sancionó a la empresa estadounidense Kimberly Clark y a Protisa, filial de la chilena CMPC, por coludirse para elevar los precios del papel higiénico, informó el jueves el instituto de defensa de la competencia (Indecopi).
La sanción impuesta a Kimberly Clark asciende a 171,6 millones de soles (unos 52 millones de dólares), pero fue anulada, en tanto que la multa a Protisa, por 104,1 millones de soles (unos 32 millones de dólares) se redujo a la mitad porque ambas se acogieron al programa de clemencia de Indecopi.
La anulación de la multa a Kimberley Clark se debió a que esta empresa colaboró delatando el cartel de precios. Protisa por su lado benefició de una reducción del 50% por haber colaborado en la desarticulación del esquema.
Según las autoridades, ambas compañías, que controlan el 88% del mercado y mueven unos 240 millones de dólares al año, "concertaron precios y otras condiciones comerciales, entre los años 2005 y 2014" en perjuicio de los consumidores.
La sanción también incluye a 10 ejecutivos de Kimberley Clark y a 10 de Protisa. La pena puede ser apelada ya que se trata de una decisión administrativa en primera instancia, indicó la institución.
Protisa lamentó el jueves los hechos y ratificó, en un comunicado, que respetará las sanciones. La empresa "condena enérgicamente estas prácticas que detectó a mediados de 2014", señaló.
El Indecopi indicó que "el cártel conformado por Kimberly Clark y Protisa impuso a sus clientes (distribuidores, mayoristas, supermercados, entre otros) alzas de precios, en algunos casos, de más del 20% durante el periodo mencionado".
"El cártel sancionado se realizó secretamente entre el 2005 y el 2014, a través de reuniones en salas de hoteles o cafés, entre gerentes generales y otros funcionarios de ambas empresas para determinar los incrementos de precios a realizar. También emplearon contactos telefónicos", según la investigación.
El caso recordó lo ocurrido en 2014 en Chile, donde los mayores productores chilenos de papel higiénico y servilletas, CMPC y SCA Chile, fueron denunciados por la fiscalía económica de haber incurrido en la misma práctica, entre 2000 y 2011.