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Se promulga ley que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia

La normativa aumenta las facultades del tribunal y redefine el concepto de colusión.

24Horas.cl Tvn

Viernes 19 de agosto de 2016

Este viernes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia.

El objetivo de la normativa es "reconstruir la confianza en las instituciones públicas y en el mercado", comentó la Mandataria.

La jefa de Estado agregó que la normativa es "una respuesta contundente y severa, no sólo porque es una buena ley, sino también porque es la culminación de un trabajo transversal entorno a acuerdos sólidos entre todos los sectores".

Con la ley se mejoran las capacidades de la institucionalidad para prevenir actos de colusión de la siguiente manera

Las modificaciones que tiene la ley

-Estable nuevas regulaciones y aumenta las penas para que los casos de colusión no se vuelvan a repetir

-Se redefine el concepto de colusión como los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores ya sea fijando precios, limitando la producción, asignando zonas o cuotas de mercado afectando el resultado de las licitaciones.

-Se condena a quienes participen simultáneamente en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras bajo ciertas condiciones

-Se aplicarán medidas contra quienes no cumplan los deberes en materia de operaciones de concentración, por ejemplo quienes adquieran participación en más del 10% de una empresa competidora.

-Fortalece el tribunal de defensa de la libre competencia estableciendo la dedicación exclusiva de sus ministros titulares con incompatibilidades a miembros suplentes.

-El tribunal podrá resolver eventuales indemnizaciones para quienes se hayan visto perjudicados.

-Nuevo mecanismo para el control de operaciones de concentración, las que deberán ser aprobadas por el fiscal nacional económico

-En casos de colusión se podrá condenar a no generar contratos con órganos estatales o con aporte estatal o no poder adjudicarse concesiones del Estado por cinco años.