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Colegio de Abogados expulsa del gremio a Ariel Wolfenson, el "mejor abogado de Chile"

La sanción responde a seis denuncias acumuladas por engaños sistemáticos y errores básicos. El fallo acreditó que mintió a un cliente sobre la suspensión de su juicio laboral, compareció a defender una vivienda dos días después de su remate y retuvo documentos familiares exigiendo cuotas impagas.

Jonathan Flores Belmar y Jorge Molina Sanhueza

Jueves 19 de noviembre de 2026

El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile resolvió por unanimidad la expulsión del jurista Ariel Esteban Wolfenson Rivas, autodenominado el "mejor abogado de Chile".  

De acuerdo con la sentencia de 105 páginas, revisada por Informe Especial, la decisión no respondió a un error profesional aislado. En rigor, fue fruto de seis denuncias acumuladas de clientes que decidieron escalar los antecedentes a la entidad gremial.

A juicio del tribunal, dichas causas evidenciaron un patrón de comportamiento que "se alejó consistentemente y de forma contumaz de los deberes de conducta que la institución impone para todos sus miembros".

Entre otras faltas, la resolución apuntó a un abandono sistemático de clientes, engaños deliberados sobre el estado de los juicios, cobros persistentes sin justificación y una absoluta falta de diligencia técnica.

La sentencia quedó firme y ejecutoriada el pasado 2 de octubre, luego de que ninguna de las partes presentara un recurso de apelación ante el tribunal de ética, tras lo cual se concretó la expulsión de Ariel Wolfenson del gremio.

¿Mejor abogado de Chile?

El fallo —suscrito por los jueces Rafael Ferrada, Paula Vial, María Corvalán, Javiera Farías y Natalia García— destacó que el abogado captaba a sus representados a través de internet, utilizando una agresiva estrategia de marketing en la que se autodenominaba "el mejor abogado de Chile". 

Los denunciantes que declararon en el marco de la causa recalcaron que les aseguraba altas posibilidades de éxito. Sin embargo, el extenso expediente disciplinario expuso una cruda disonancia entre la grandilocuencia de su publicidad y su verdadera práctica en los tribunales.

Uno de los casos más dramáticos afectó a Juan y Claudia, una pareja de adultos mayores que buscaba auxilio legal para poder visitar a sus nietos. Según acusaron, tras cobrarles parte de los honorarios pactados, Wolfenson les informó por escrito que la solicitud para restablecer las visitas había sido "presentada con éxito".

No obstante, la realidad procesal era otra: el abogado ingresó la petición en una causa donde los abuelos ni siquiera eran parte, ignoró las medidas cautelares vigentes y el tribunal rechazó de plano todas las gestiones.

El cliente relató que cuando descubrió la verdad llamando directamente al tribunal, Wolfenson no sólo se ofuscó, sino que se negó a devolver los antecedentes sensibles del caso —como informes psicológicos— hasta que la pareja no le pagara las cuotas atrasadas, amenazándolos con acciones legales.

Sobre el caso compareció vía correo electrónico ante el tribunal de ética y negó los cargos categóricamente: "Nada que pronunciar, y desisto de mediación por cuanto no puedo disponer de tiempo para personas que no cumplen con los pagos y hacen perder el tiempo a un profesional que amablemente intentó ayudarlos”, aseguró.

Errores básicos

Según consignó el fallo, la negligencia de Wolfenson también se repitió en tribunales civiles. Así lo hicieron ver los distintos denunciantes durante el proceso.

Marcos González lo contrató por una negligencia médica que le dejó una perforación en el tabique nasal. Aunque el tribunal falló a favor del cliente respecto del daño emergente, rechazó la indemnización por daño moral (estimada en $40 millones) simplemente porque -según la sentencia- Wolfenson jamás gestionó la pericia psicológica necesaria para acreditar el impacto emocional del paciente.

En un segundo encargo, el mismo cliente le confió su defensa ante el inminente embargo de su casa. El fallo establece que Wolfenson, pese a que tuvo el mandato legal con semanas de anticipación, se presentó ante el tribunal para defender a su representado dos días después de que la propiedad ya había sido rematada y adjudicada al banco ejecutante. 

Los errores de procedimiento básicos se repitieron con Pedro Sepúlveda, quien lo contrató por problemas con la compra de un vehículo. El abogado interpuso la demanda únicamente contra la automotora y excluyó insólitamente a la entidad financiera que mantenía la prenda. Posteriormente, llegó tarde a la audiencia clave del caso y trató de justificarlo con un supuesto accidente de tránsito sin aportar prueba alguna al juzgado.

La sentencia del Colegio de Abogados fue contundente. El tribunal determinó que Ariel Wolfenson infringió gravemente el Código de Ética Profesional, quebrantando los pilares de diligencia, información veraz, empeño, eficacia y honradez.

Según detallaron los jueces éticos, sus faltas no radicaron en el hecho inherente de "perder juicios", sino en un actuar sistémico: anteponer su interés económico, engañar activamente a personas que le confiaron su patrimonio e integridad familiar, y amenzar a quienes cuestionaban sus graves carencias procedimentales. 

Reclamo frustrado

Tras las repetidas denuncias y solicitudes de comparecencia, Wolfenson intentó renunciar al gremio. "Estamos como oficina un poco agotados en tiempo y energía de dar respuesta por esta vía a reclamos infundados de clientes que incumplen las normas básicas de respeto o derechamente no pagan honorarios. Por lo que, quisiera retirarme voluntariamente del colegio de abogados por dicha razón", aseguró vía mail. 

Acto seguido, fue informado de que no podía renunciar mientras existieran procedimientos pendientes. Descontento con dicha respuesta, "cuestionó expresamente al Colegio y su labor, pidió que no se le volviera a escribir y anunció eventuales acciones judiciales", reza el fallo. 

Con todo, recientemente otra clienta quiso seguir el mismo camino que los casos anteriores: denunciar a Wolfenson ante el Colegio de Abogados. 

Sin embargo, recibió una inesperada réplica desde la entidad: "Su reclamo no podrá ser admitido a tramitación, toda vez que el abogado Sr. Ariel Wolfenson fue expulsado del Colegio de Abogados por sentencia pronunciada por el Tribunal de Ética, la que quedó ejecutoriada en el mes de octubre de 2026". 

Hasta ahora, la causa más mediática contra el jurista se conoció a mediados del año pasado, tras la querella de un policía checo que lo acusó de apropiación indebida en el contexto de la compra de un terreno en Aysén, en cuyo caso fue formalizado por decisión de la Fiscalía de Las Condes. 

En ese marco fue que se querelló contra Canal 13 —y el propio Colegio de Abogados— por la emisión de un reportaje sobre el tema. No obstante, pocos meses después la acción fue rechazada y acabó sentenciado a pagar las costas del juicio.   

El valor a desembolsar por el proceso fue fijado en $1,5 millones. Y aunque la decisión fue ratificada en abril pasado por la Corte Suprema, a la fecha aún no acredita ante la justicia el cumplimiento de la orden. Es decir, no ha pagado.