En medio de la batalla legal que enfrenta la contralora Dorothy Pérez con una ONG, varias personas naturales y la Defensoría de la Niñez, un actor relevante se sumó en los últimos días: la Fundación Iguales.
Recordemos que la Contraloría solicitó datos sensibles de niños trans al Ministerio de Salud, para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos en el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG).
En este contexto, hace algunas semanas la Fundación Iguales, dirigida por Juan Enrique Pi, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago que fue declarado inadmisible; básicamente porque la decisión de fiscalizar emanada del organismo fiscalizador, no es ni arbitraria, como tampoco ilegal.
Sin embargo, Pi -quien presentó la acción a favor de una adolescente trans- elevó la negativa a la Corte Suprema para que esta obligue al tribunal de alzada capitalino a revisar el fondo de la acción legal.
Lo propio realizó ayer la Defensoría de la Niñez en un escrito de ocho páginas al que accedió Informe Especial.
Al respecto, la directora ejecutiva de Iguales, María José Cumplido, explica que el rol de la Contraloría para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos no solo es deseable, sino también positivo.
Sin embargo, advierte que la obtención de datos sensibles en el caso de niñas, niños y adolescentes (NNA) trans es distinto, por los tratados internacionales y cuerpos legales chilenos que los protegen.
“Si la Contraloría sigue insistiendo, aparecerán más recursos de protección, por lo que sería mejor que buscara el camino más eficiente para fiscalizar el Programa de Acompañamiento de Género (del Minsal) sin poner en riesgo a los NNA que es un grupo especialmente protegido”, detalló Cumplido
La Fundación Iguales nació en junio de 2011 al alero del escritor Pablo Simonetti, el ingeniero Luis Larraín y el abogado Antonio Bascuñan. Hoy y entonces ha estado enfocada en luchar por la no discriminación de la diversidad sexual, como también la igualdad de derechos.
Se trata de la primera organización de amplio espectro en el mundo LGTBIQ+ que entra en la disputa con la Contraloría.
Fiscalización total
La determinación de Pérez para acceder a los datos, ha señalado la Contraloría, es para fiscalizar el uso correcto de la plata fiscal, defendiendo la facultad de auditar todos los sectores del Estado sin distinción.
Es, en ese contexto, que la petición de la contralora -que advirtió a la autoridad sanitaria que de no cumplir con la entrega de datos podría multar o suspenderla-, sufrió un traspié en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Ocurre que a diferencia del criterio de sus pares de Santiago, no solo acogió a tramitación cuatro recursos de protección, sino que además decretó igual número de órdenes de no innovar que -en los hechos- implicó que los efectos del “oficio Pérez” quedaron congelados mientras no se resuelva el fondo de las acciones legales.
Si bien es cierto los recursos que se tramitan en siete cortes a nivel nacional podrían ser rechazados en su totalidad, existe una alta probabilidad de que terminen siendo apelados al máximo tribunal, cuyo resultado podría inclinar la balanza de la justicia a favor o en contra.
Los argumentos de la CGR
Hay que recordar que los recursos de protección encendieron las alarmas en los familiares de los NNA trans, a raíz de que el organismo fiscalizador pidió, el nombre social, nombre registral, identidad de género, entre otros datos.
En una respuesta reciente solicitada por este medio, la entidad de control explicó que los datos son “para verificar uno a uno con los pacientes o con sus tutores, según sea el caso, que el servicio público de salud les ha entregado las prestaciones en la oportunidad pertinente y con la integridad y calidad exigidas por la normativa, así como para revisar que se estén cumpliendo cabalmente las reglas y protocolos que el Estado debe seguir en esta materia, en especial, en lo que concierne a los menores de edad beneficiarios”.
Al mismo tiempo ha enfatizado que la información será debidamente resguardada y citó como ejemplo las fiscalizaciones a los organismos que resguardan la seguridad nacional.
Informe Especial solicitó una versión desde la Contraloría a través de una pauta de preguntas, pero se indicó que, en esta oportunidad, no habría comentarios, a raíz de que los casos se encuentran judicializados.