Una licencia cada cuatro minutos. Ese era el promedio de emisión. De ahí al escándalo y la polémica por el llamado megafraude de las licencias médicas falsas ocurrido entre 2020 y 2022, y que actualmente tiene a sus líderes en juicio.
El equipo de Informe Especial analizó cientos de miles de estos documentos. Tras un exhaustivo cruce de datos que incluyó cada una de las 196.414 licencias médicas de cotizantes de Fonasa investigadas por la Fiscalía Oriente, fue posible identificar todas las entidades públicas y empresas privadas que fueron receptoras de estos permisos de reposo presuntamente fraudulentos emitidos por los médicos protagonistas del "licenciagate".
Se trata de una trama distinta a la que destapó en mayo pasado Contraloría, cuando el ente fiscalizador detectó que más de 25 mil funcionarios del Estado salieron del país mientras estaban con licencia médica. En ese caso se indagan presuntas faltas administrativas, lo que abrió paso a cientos de sumarios en el sector público.
En cambio, el llamado megafraude, investigado por el Ministerio Público y que está persiguiendo penalmente a los protagonistas del caso por compra y venta de licencias ideológicamente falsas, fraude de subvenciones, asociación ilítica e incluso lavado de activos, por cuyas imputaciones algunos arriesgan hasta 28 años de cárcel.
En ese marco, medio centenar de facultativos colombianos están imputados por concretar el mayor fraude de la historia de Chile. De acuerdo con Fiscalía, el perjuicio a Fonasa llegó a los $31 mil millones. Sin embargo, el cruce de datos realizado por IE superó ampliamente esa cifra. El análisis dio cuenta que el daño económico llegó a los $60 mil millones. Un monto que fácilmente duplica el fraude en Carabineros, cuyo desfalco hasta la fecha era el de mayor cuantía detectado en el país.
Según reveló la investigación de IE, las licencias revisadas suman más de 4 millones de días de reposo otorgados (4.197.717). Es decir, 11 mil 500 años. O dicho de otro modo, 115 siglos.
Es decir, si todo ese descanso hubiera sido asignado a una persona, ésta habría estado en reposo desde la edad de piedra, en la primera etapa de la prehistoria.
En el listado de la carpeta investigativa, en concreto, 24.665 corresponden a licencias otorgadas a funcionarios públicos. En tanto, 171.749 a trabajadores de empresas privadas.
Salud y educación
Entre 2020 y 2022, los cálculos de IE arrojaron que las 24 mil licencias fueron otorgadas a 13.663 funcionarios públicos, vinculados a 720 instituciones públicas. Muchas de ellas son clave en el funcionamiento del Estado, fundamentalmente ligadas a educación y salud. Además de cientos de municipios.
Las más afectadas fueron Fundación Integra (2.377 licencias), seguido de Junji (1.820) y la Subsecretaría de Salud Pública (564). Más atrás le siguen el SLEP Las Barrancas (402), la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (364), Universidad de Chile (304), Hospital San José (289), Hospital Clínico Metropolitano El Carmen (278), Hospital Dr. Sótero del Río (270) y la Corporación Municipal de Servicio y Desarrollo de Maipú (268).
Supermercados, retail y alimentación
Respecto del sector privado, las 171 mil licencias detectadas en el cruce de datos de IE fueron presentadas a 27.159 empresas. Principalmente a firmas del área de servicios, vinculadas a supermercados, retail, alimentación, construcción y transporte.
En el detalle de lista de la Fiscalía, a la cabeza asoman Sodexo Chile S.A., con 2.637 licencias médicas ideológicamente falsas; además de Administradora de Supermercado Hiper Ltda, más conocida como Hiper Lider (2.192); y Aramark Servicios Mineros y Remotos Limitada (1.667).
Luego aparecen Jumbo Supermercados Adm. Ltda. (1.558 licencias); Rendic Hermanos S.A., firma detrás de Unimarc (1.362); Santa Isabel Administración S.A. (1.332); Sodimac S.A. (1.126); Central de Restaurantes-Aramark Limitada (1.057); Comercial Ecssa S.A., razón social de Ripley (857); y la constructora Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (837).
Con todo, si bien los principales afectados fueron supermercados, retail y construcción —además de educación, salud y municipios en el sector público—, también asoma otro rubro que hasta ahora no figuraba en el centro de la polémica: la red de transporte de la capital.
¿Cuánto y cómo impacta este asunto a los pasajeros de Red y Metro? Todo eso es parte de la próxima entrega sobre el "Licenciagate", que podrás revisar desde este martes en la web de Informe Especial.