El equipo de Informe Especial analizó cientos de miles de estos documentos. Tras un exhaustivo cruce de datos que incluyó cada una de las 196.414 licencias médicas de cotizantes de Fonasa investigadas por la Fiscalía Oriente, fue posible identificar todas las entidades públicas y empresas privadas que fueron receptoras de estos permisos de reposo presuntamente fraudulentos emitidos por los médicos protagonistas de la trama. Las licencias revisadas suman más de 4 millones de días de reposo irregular. Es decir, unos 115 siglos: el equivalente a regresar el tiempo a la edad de piedra.
Revisa los otros capítulos de esta serie aquí:
- Megafraude III: operadores RED y Metro recibieron más de 3 mil permisos de reposo del "licenciagate"
24 de noviembre de 2022, 12:00 horas.
Una persona ingresó al edificio de la YMCA en Compañía 1390, en pleno centro de Santiago. Subió hasta el piso 10, al Centro Médico Prevenir.
—Holas, buenas. Me citaron acá hoy día —reportó al entrar.
Pasó a la sala de espera. Entregó su nombre, rut y previsión. Pagó por adelantado y en efectivo. Sacó $71 mil de su bolsillo, los contó y se los pasó a la secretaria.
—¿Es primera vez que vienes? —le preguntó.
—Sí, es primera vez —respondió.
Minutos más tarde el médico lo invitó a pasar. Lo recibió Jeferson Paternina, uno de los tantos facultativos colombianos disponibles. En esta supuesta consulta, el examen clínico brilló por su ausencia. El galeno fue directo al grano.
—¿Desde cuándo usted necesita la licencia?
—Desde hoy día.
—Ok.
—Amigo, ¿Cuántos días quieres de licencia?
—30.
30 días de reposo que este médico colombiano, dice, puede justificar bajo ciertas condiciones que conoce al dedillo. Se lo explicó con soltura al "paciente".
—Nosotros sabemos que por enfermedad general no se puede.
—Mmmm...
—Por lo general lo que hacemos es justificarlo por estrés laboral ¡listo!
—Ya, perfecto.
—Por estrés laboral, obviamente con una justificación clara, te damos un informe y todo el tema. Y ahí si te podemos justificar los 30 días.
—Ah, ya.
En tiempo récord, el "paciente" consiguió una licencia médica por un mes, una receta para psicotrópicos y un creativo informe que describe un diagnóstico inexistente.
Pero hay algo que el médico cirujano Jeferson Paternina no sabía en ese momento.
El hombre que recibió en su consulta, y que despidió con un gentil apretón de manos, era un agente revelador de la PDI que fue parte de la mayor investigación de licencias médicas fraudulentas realizada en Chile.
La mafia de las licencias
Tal como evidenció dicha escena, el Centro Médico Prevenir no era más que una fachada. Allí, y en otros lugares similares, se emitieron cientos de miles de permisos para reposo médico ideológicamente falsos. Todo orquestado por un grupo de más de 30 facultativos extranjeros.
—Esto se ofrecía en diversas plataformas, pero principalmente en redes sociales —detalló el inspector Samuel Insunza, de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana.
En promedio, emitían una cada 4 minutos. Según el Ministerio Público, el perjuicio superó los $31 mil millones para Fonasa y $6 mil millones más para las isapres.
Desde el 15 de julio, los líderes de la trama están enfrentando a la justicia.
—Probablemente uno de los juicios más significativos de la historia reciente en materia de criminalidad económica organizada —enfatizó la fiscal regional metropolitana oriente Lorena Parra.
Allí, ante el 14 Juzgado de Garantía de Santiago, están por primera vez en el banquillo de los acusados los compradores de licencias médicas. Pese a que fueron miles quienes pagaron para obtener reposo, a esa instancia sólo llegaron cuatro personas:
Luis Alberto Jeria Hermosilla, de San Antonio; Marcelo Alberto Olivares López, de Copiapó; José Luis Araya Barraza, de Antofagasta; y Miguel Ángel López Hidalgo, de Santiago.
—Eran pacientes que no eran pacientes, que no padecían enfermedad, que hicieron uso fraudulento de un beneficio que al Estado le cuesta —enfatizó Parra.
Una bomba atómica
Informe Especial accedió a la lista de licencias otorgadas por los médicos en juicio y otros ligados a la indagatoria de la Fiscalía Oriente.
En total, fue posible revisar casi 200.000 permisos de reposo entregados a afiliados de Fonasa.
En medio del escándalo por el informe de Contraloría que puso al descubierto a miles de funcionarios públicos que viajaron fuera del país —o apostaron en el casino— estando con reposo médico, en Informe Especial despejamos una duda clave.
¿Cuántos trabajadores del Estado compraron una licencia ideológicamente falsa, generando un perjuicio millonario al Fondo Nacional de Salud?
El cruce de datos arrojó cifras escandalosas.
Del total analizado, sólo entre los años 2020 y 2022, 13.663 funcionarios públicos compraron un total de 24.665 licencias provenientes de esta mafia de médicos.
—Es un dato que constituye una verdadera bomba atómica —admitió a Informe Especial el senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta—, supera con creces la magnitud de lo que ha hecho la Contraloría.
115 siglos de reposo ilegal
La dinámica, en muchos casos, ni siquiera requería una atención presencial. Bastaba con un mensaje por WhatsApp y una llamada telefónica.
22 de noviembre de 2022, 12:58 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—¿Aló? Habla con el doctor Alfonso, del Centro Médico Prevenir. Le voy a hacer unas preguntas para su licencia.
—Bueno.
—Serían 15 días a partir de ayer ¿Sí?
—Sí
—La empresa se llama Junta Nacional de Jardínes Infantiles ¿Sí?
—Sí
—Listo, más o menos en una horita le va a llegando la licencia a su correo ¿listo?
Sencillamente eso era lo que se necesitaba. El senador Castro lo resumió así:
—Gente vivaracha, que le importa un pucho el Estado, no le importa la plata, no le importan sus compañeros —acusó.
En definitiva, el megafraude afectó a 720 instituciones y servicios públicos. Pero también a la empresa privada, con más de 171 mil trabajadores afiliados a Fonasa con permisos falsos.
—Este primer reporte asociado al caso de los colombianos, es la época más cruda en la que más abuso se cometió desde 2020 al 2022, por lo tanto, demostró la precariedad extrema en que estaba el sistema de vigilancia de la licencia médica en Chile, por lo menos por tres años —aseguró el senador Castro.
El ejercicio periodístico realizado por Informe Especial arrojó que, en base a los datos del caso, el perjuicio al fisco llegó a $60 mil millones de pesos. Mucho más de lo que calculó la Fiscalía en el juicio.
Es una cifra muy relevante, que fácilmente dobla lo que significó en su momento el fraude en Carabineros, que en su tiempo fue considerado el mayor fraude de la historia de Chile.
Y en el ámbito de la salud pública, la correcta utilización de esos $60 mil millones, por ejemplo permitiría una reducción sustancial de las listas de espera o la construcción de nuevos centros asistenciales.
—La normalización de un hospital de alta complejidad cuesta $15 mil millones. En la Región del Maule, el 2022 se crearon tres Cesfam ¿Cuánto costaron, $20 mil millones? —dice el abogado de la Asociación de Isapres, Davor Harasic.
En el caso de los funcionarios públicos, por estatuto administrativo reciben siempre su sueldo completo, sin demora ni cuestionamientos ante un reposo médico.
—Es vital que la gente entienda que la licencia médica es un instrumento de seguridad social, no es algo que se pueda transar en un mercado negro —remarcó Camilo Cid, director de Fonasa—, o sea, el dinero que se utiliza en las licencias médicas se deja de utilizar en otras que son legítimas y también en procedimientos médicos que Fonasa debe financiar.
Del universo de 196 mil licencias analizadas por Informe Especial —ligadas a la indagatoria de la Fiscalía Oriente—, el 87% corresponde a trabajadores vinculados a un empleador privado. Principalmente supermercados, retail y construcción, aunque buena parte del impacto también se lo llevó el sistema de transporte público de la capital.
Ausentismo laboral sin justificación médica real, que perjudicó a empresas, al Estado y el buen funcionamiento de servicios sensibles para la población.
En total, las licencias revisadas por Informe Especial suman más de 4 millones de días de reposo irregular. El equivalente a 11.500 años o 115 siglos. Si retrocedieramos el tiempo, el calendario marcaría el fin de la era del hielo.
De Colombia con amor
La historia comenzó al ritmo del Vallenato en Barranquilla, la tierra natal de Samir Rivaldo y su novia Yesica Donado. Allí se formaron como médicos. Noble profesión que los trajo a Chile a fines de 2019.
Gracias a un convenio vigente con Colombia, validaron sus títulos sin mayores trámites. Y tras un breve paso por un Cesfam, optaron, acusa el Ministerio Público, por una lucrativa práctica privada: la venta de licencias ideológicamente falsas.
Samir creó la sociedad Dr Mitite. Tenía su respectiva página web y, según la Fiscalía, fue un centro médico de fachada que funcionó en el departamento de ambos en La Florida.
El negocio prosperó rápidamente y con Yesica no dieron abasto. Se advierte que contrataron captadores de clientes y sumaron una veintena de colegas extranjeros, a quienes pagaban comisión por cada licencia emitida.
—Por ejemplo, de 1 a 11 días los precios promediaban los $30 mil y la de 30 días podía llegar a costar hasta $75 mil —explicó el inspector Insunza.
El valor dependía también del diagnóstico y la previsión. La licencia para un afiliado a isapre podía llegar a los $150 mil.
Las ganancias fueron cuantiosas: joyas, artículos de lujo con marca propia e ingresos de más de $140 millones al mes, que convirtieron en millones de dólares en remesas al extranjero.
01 de diciembre de 2022, 10:16 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—Hola Samir, con Claudia, de Santander.
—Cuéntemelo todo —responde directamente.
—Porque bueno, están listos los 100 mil dólares.
—¿En la sede donde está usted?
—No, está cerca. Es por Avenida Apoquindo.
Para Castro, la situación es evidente.
—El crimen organizado entró a Chile en el mundo de la salud. Uno dirá, pero no son delincuentes de sangre. No, son de cuello y corbata, que entraron, hicieron una cofradía, aprovecharon todos los intersticios del sistema y pudieron empezar a ofrecer un producto anhelado por los consumidores.
Según el Ministerio Público, en apenas 22 meses, solamente Samir emitió 16.039 licencias médicas sin mediar una atención de salud. El 70% de ellas a usuarios de Fonasa, con un perjuicio al Estado de más de $5 mil millones.
Su pareja Yesica Donado no se quedó atrás, con 10 mil licencias en el mismo período, generando pagos a usuarios de Fonasa —por subsidio por incapacidad laboral— de más de $3 mil millones.
—Se emitían cada dos minutos —reveló el inspector Insunza de la PDI—, según el promedio que se logró sacar. Era de lunes a domingo, de manera telemática, había emisión desde el extranjero —recalcó.
Fue el caso del médico Jeffry Donado, hermano de Yesica. Pasó por Chile apenas 5 días, lo suficiente para registrarse en la Superintendencia de Salud.
—Habían médicos que habían venido a Chile, se habían ido y figuraban emitiendo licencias médicas desde Colombia, por ejemplo —recordó María Soledad Ramírez, ex Superintententa de Seguridad Social (Suseso) entre 2021 y 2022.
En total, Jeffry emitió 7.288 permisos de reposo sin moverse de Barranquilla, con un perjuicio para el Estado de $2.557 millones.
—Esto sucede porque los sistemas de control son muy débiles —cuestionó la fiscal Parra.
A gusto del consumidor
Corría el año 2022 y la oferta de licencias ya era masiva y de fácil acceso. Atención flexible: telefónica, por WhatsApp o presencial. A gusto del consumidor.
21 de noviembre de 2022, 17:35 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—Aló, hola, buenas tardes. Yo en la mañana envié un whatsapp, un mensaje, para ver su podía solicitar una licencia médica —dijo de entrada Cecilia, una de las tantas compradoras.
—Ehhhh, usted elije el diagnóstico pues… Puede ser estrés —respondió sin tapujos al otro lado del teléfono Álvaro Gnecco, desde el Centro Médico Prevenir.
Este último, microbiólogo de profesión, también colombiano, actuó como captador y guió con destreza a esta potencial clienta en sus necesidades.
—Si yo quiero, por ejemplo, mi licencia para mañana y me dio hora para mañana al medio día…
—Inicia desde mañana todo el día.
—Yo pensé que tenía primero que asistir. ¿Y él (médico) decide los días?
—No. Usted decide la cantidad de días que necesita y quiera.
—Ya... entonces no es necesario que vaya al trabajo.
—Exactamente.
La investigación de la Fiscalía arrojó que Álvaro y su mujer, la médico colombiana Lizney de la Hoz, también lideraron parte de este floreciente negocio.
Lizney emitió licencias para el centro Prevenir, del cual es socia. Pero además reclutó a otros galenos y colaboradores. Entre ellos a su cuñado, el médico Joaquín Gnecco; y también su esposa Sharon Cervantes, a quien se le acusa de actuar como captadora.
Por mensajería, ella fue quien respondió algunos mensajes al agente revelador de la PDI.
25 de noviembre de 2022, 15:20 horas.
—¿Cuántos días desea tomar? —le preguntó al poco andar.
—15.
—Sí ¿Qué síntomas tienes?
—Ninguno.
—¿Por qué motivo desea la licencia médica?
—Ahhh, lo que sea la verdad.
—Lumbago —ofreció ella.
—Bueno.
—Envíeme los datos para agendarlo.
El 2022, la alta emisión de licencias de estos y otros médicos encendió las alertas de las isapres, Fonasa, Compin y la Superintendencia de Seguridad Social.
—Eso marcó una diferencia, porque es primera vez que esto obligó a coordinarse también a todas las instituciones que están involucradas… tras el objetivo de aclarar bien este caso —explicó Cid, director de Fonasa.
Se hicieron las denuncias y la Fiscalía Oriente encabezó una investigación que, por magnitud y alcance, utilizó por primera vez en este tipo de delitos medidas intrusivas propias de causas ligadas al narcotráfico y crimen organizado: levantamiento del secreto bancario, interceptaciones telefónicas, agentes reveladores, entre otros elementos.
Ansiedad chilensis
Previo a su visita presencial, el agente PDI estuvo conversando con Álvaro Gnecco. Le explicó cómo funcionaba el mecanismo. Tomó una hora, pero más tarde le siguió haciendo preguntas al colombiano.
23 de noviembre de 2022, 13:18 horas.
—Hola. Sabes, conseguí más dinero ¿Sería posible una licencia por 30 días? ¿En vez de 15 solicitar 30 días?
—Sí, claro.
—Perfecto, entonces quiero la licencia por 30 días ¿Qué valor tiene esa?
—$71 mil.
La cita presencial se concretó al día siguiente en el centro médico Prevenir, en calle Compañía. Una vez en el lugar, el agente revelador pagó en efectivo lo acordado por WhatsApp.
—Había hecho una consulta de si se podía por esguince o algo así —preguntó el PDI una vez que el médico Paternina lo recibió en su oficina.
—Nooo, es un tema complicado, es un tema difícil, por eso le digo. Pero por estrés laboral sí podemos hacer, no pasa nada.
Lo resolvió en el acto.
—Entonces, quedaste con 4 diagnósticos ¿listo? Estrés agudo, trastorno de ansiedad, trastorno orgánico del sueño y estrés laboral.
Paternina le explicó con desfachatez a su colega aprendiz, que tenía sentada al lado, que males como estos pueden estar a la orden del día.
—Esto tampoco va alejado de la realidad, ellos en algún minuto van a tener reacciones al estrés agudo. Mira, le robaron el celular —teoriza el médico, mientras se agarra la cara con las manos—. Pu... y ahora trabajo estresado. Llega el otro que me sacó la rabia y pucha, con el estrés, y así empiezan.
—No duermen bien, pasan ansiosos. Eso aquí en Chile es muy frecuente —insistió.
También destacó las bondades de nuestro sistema de seguridad social.
—Fonasa acá paga bien. Allá en Colombia, las previsoras que se llaman, pagan el 60% de la licencia.
Como si fuera poco, antes de partir el agente revelador hizo una última solicitud.
—Le hago una consulta, es que ando con mi polola y ella también quiere la licencia.
—Ah, bueno, ahorita la llamamos.
Así de fácil.
—Que pase la señorita —le dijo sonriente el doctor al rato para hacerla pasar a su oficina.
En menos de 5 minutos ella, otra agente reveladora de la PDI, también recibió una licencia de 11 días de permiso por lumbago y el respectivo informe médico que lo acredita.
Educación, salud y municipios
El cruce de datos realizado por Informe Especial, que analizó 196 mil licencias de afiliados a Fonasa recopiladas por la investigación de la Fiscalía Oriente, permitió identificar a qué servicios o instituciones públicas pertenecen los 13 mil funcionarios que habrían comprado permisos ideológicamente falsos a los médicos indagadas en la trama.
Del universo de 720 instituciones públicas, destaca la Fundación Integra, que lidera el ranking con más de 2.300 licencias recibidas. Y después le sigue la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con más de 1.800 licencias recibidas.
El ejercicio periodístico arrojó una dato decidor: que los funcionarios de los servicios públicos que lideran la lista de los viajeros con licencia médica este 2025 —es decir, la que dio a conocer Contraloría— también ocupan los primeros lugares en la compra fraudulenta de permisos de reposo entre 2020 y 2022 a esta mafia de médicos colombianos.
—En todos los casos que existan antecedentes que presuman la comisión de un delito, se han informado al Ministerio Público, incluyendo el envío de antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad —aseguró la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.
En el mundo municipal, de las 345 alcaldías, 318 de ellas —es decir, el 92%— recibió en esos años alguna licencia médica emitida por los médicos cuestionados.
En total, suman 10.037 de norte a sur; en el continente y también en el Chile insular.
22 de noviembre de 2022, 12:38 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—¿La empresa es la Municipalidad de Isla de Pascua?
—Sí
—Listo, serían 15 días a contar de ayer.
—Sí.
Figuran muchos funcionarios municipales, pero sobre todo trabajadores de las Corporaciones de Desarrollo, Cultura o Educación.
16 de noviembre de 2022, 11:46 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—¿Cómo se llama la empresa?
—Es Corporación de Educación, Corporación Municipal de Educación de Talagante.
—Talagante, ok ¿De qué día comienza?
—De hoy día.
—¿15 días?
—15 días, así es.
En efecto, encabezan el ranking municipal las Corporaciones Municipales de Antofagasta, de Maipú y de Iquique.
Consultados por Informe Especial, las jefes comunales anunciaron medidas.
—En el caso de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, donde tenemos más de 360 casos… estamos armando los antecedentes para mandarlos todos al Ministerio Público —aseguró el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli).
Sin embargo, se trata de información que desde hace años está en poder de la Fiscalía.
—Nos ponemos a disposición de poder agotar todas las herramientas administrativas para poder perseguir y sancionar con la mayor celeridad posible a todos aquellos funcionarios que potencialmente obtuvieron licencias médicas fraudulentas —dijo por su parte el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio).
En tanto, 29 servicios de salud del país —es decir, todos los que existen— registraron en 1.681 licencias. De acuerdo al cruce de datos de IE, 82 hospitales públicos de Arica a Punta Arenas sumaron también otras 3.009 licencias.
Primero en este subranking está el Hospital San José, con 289 de sus trabajadores que recibieron un subsidio de incapacidad laboral por la compra de una licencia médica.
—El Hospital San José. Hay gente que lleva cinco años sin trabajar en el mundo de la salud —enfatizó el senador Castro—. Hoy día, el promedio es de 35 días de ausentismo laboral en los hospitales y muchos asociados a este tipo de casos. Y el que se queda con la pega, es el compañero de trabajo... y el Estado además tiene que contratar un subrogante —reprochó el parlamentario.
—Tenemos 407 de estos procesos en indagación, 703 que ya están en formulación de cargos y 101 que están en revisión de la división jurídica para poder aplicar las medidas disciplinarias correspondientes —aseguró Verónica Bustos, jefa de la División de Gestión de las Personas (Digedep) del Ministerio de Salud.
Es decir, al menos en el mundo de la salud, hasta la fecha ningún funcionario ha sido despedido en el marco del megafraude.
La chispeza del chileno
En la venta de licencias médicas ideológicamente falsas, la Fiscalía Oriente está enjuiciando a otro sujeto de interés: Rodrigo Campos Cuello. De ocupación es taxista. Y también el único socio detrás de 10 centros médicos de fachada.
—El representante legal de varias de esas sociedades investigadas era de nacionalidad chilena, pero los médicos contratados por esa sociedad o que en definitiva se encargaban de la emisión eran médicos extranjeros —explicó el inspector Insunza de la Bridec.
La evidencia reveló contratos laborales entre Campos y diferentes personas, donde les ofreció más de $2 millones al mes a los médicos por emitir licencias, y $1,5 millones de salario a los captadores de los supuestos enfermos.
—Cada emisión también traía aparejado algo más que el sueldo, muchas veces una comisión por la emisión de las licencias médicas —detalló el investigador.
Así operaba Rodrigo Campos Cuello. Según se desprende de esta conversación, se manejaba colocando médicos en el mercado de las licencias ideológicamente falsas.
29 de noviembre de 2022, 17:53 horas. Interceptación telefónica. Exclusivo.
—¿Vas a necesitar médicos o no? —preguntó Campos.
—Yo creo que por ahora no —respondió del otro lado del teléfono una mujer identicada como Diana.
—¿Segura? —insistió él—, porque tengo dos que están nuevecitos, cruditos de paquete, sin nada. Recién salidos de la Superintendencia, del horno.
—No, yo creo que por ahora no, Rodrigo. Porque por lo menos a nosotros este mes no se ha movido así tanto…
Rodrigo Campos persistió en su ofrecimiento, pues se venía la temporada de playas y piscinas. Y qué mejor que “tirar” una licencia.
—Sí, es que vienen las fiestas Diana. Entonces lo que pasa es que el otro mes, este mes de diciembre ya a finales de diciembre, ya se empieza a mover, porque la gente hay muchos que no les corresponden vacaciones, no les dan vacaciones y empiezan a tomar las licencias para las vacaciones.
Así, en poco más de 6 meses, sus sociedades médicas emitieron según Fiscalía 10.783 licencias fraudulentas. De ellas, el 69% correspondían a afiliados del Fondo Nacional de Salud, comprometiendo un desemboso fiscal de $3.800 millones.
Para el senador Castro, el asunto responde a un mismo fenómeno.
—La cultura de ser más vivo, de ser más pillo, de decir: "Oye, pero si tú no tienes para qué estar enfermo para tomarte la licencia".
Con todo, a este megafraude le llegó su fecha de caducidad: el 6 de diciembre de 2022, la Brigada de Delitos Económicos allanó centros médicos y domicilios de los involucrados en esta mafia de venta de licencias.
En total, hubo 30 detenidos. Y en la mesa de evidencia la PDI no presentó armas ni drogas. Los protagonistas fueron los tradicionales huelleros de las consultas médicas.
También se incautaron cientos y cientos de millones de pesos en cuentas corrientes de los centros médicos y de sus dueños, fundamentalmente facultativos colombianos.
La persecución incluso traspasó fronteras.
—Por ejemplo, en Colombia se incautaron y ahora se está pidiendo el decomiso respecto de las propiedades de uno de los médicos más importantes (Samir Rivaldo). Una diligencia también muy eficiente y que va a ser también muy útil para las arcas fiscales —resaltó la fiscal Parra.
¿Todos al banquillo?
El pasado 15 de julio se inició el histórico juicio oral de este megafraude. Los imputados como líderes de las sociedades, médicos y captadores han ido respondiendo ante el tribunal por los delitos de emisión de licencias ideológicamente falsas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos.
En total, 18 personas están siendo enjuiciadas: nueve médicos, un microbiólogo, un "taxista", tres captadoras y cuatro compradores.
La Fiscalía Metropolitana Oriente pidió para los cabecillas de estas organizaciones 28 años de presidio.
El 31 de julio pasado, Lizney de la Hoz entregó su versión ante los jueces.
—Había algunos pacientes que llegaban, pero la verdad es que de pronto no les creía, pero por mi buena fe como médica, le daba su reposo —dijo sentada en el banquillo de los acusados.
—Doña Lizney, el día 2 de noviembre del 2021, atendió 62 pacientes. Y a los 62 pacientes le dio licencia médica ¿Eso es ser laxo dando licencia médica? —contrapreguntó por su parte la fiscal Parra.
—No recuerdo ese día —respondió.
Y del gran universo de compradores de licencias falsas, sólo cuatro llegaron al banquillo de los acusados. En el caso de Luis Jeria, él arriesga seis años de cárcel por la compra de ocho licencias que le permitieron 240 días de descanso injustificado pagados por Fonasa.
—Sin querer me vi envuelto en esto de que estoy metido en el tema de los médicos falsos. Pues yo no tenía idea —aseguró ante las consultas de Informe Especial.
—Pero tú compraste la licencia…
—Sí. Pues se paga, se paga —reconoció.
En tanto, otros 55 compradores llegaron el 2024 a una salida alternativa, previo reintegro de los dineros al fisco.
—Se obligaron a pagar en conjunto más de $380 millones —recalcó el fiscal del caso, Álvaro Pérez.
—No se ha perseguido adecuadamente a los que han comprado licencia médica por una cuestión de capacidad —apuntó por su parte la exsuperintententa María Soledad Ramírez—, pero eso es una mala señal, porque tú instalas que el Estado no tiene capacidad.
En ese sentido, hay consenso en la necesidad de cambios profundos y un rediseño del sistema, con más y mejores herramientas de fiscalización, cuyos cuestionamientos hoy alcanzan apenas a un 3% de las licencias médicas emitidas en el sistema.
—Esa reforma de fortalecimiento implicaría que Fonasa se hace cargo del pago, de todo el pago de las licencias y su financiamiento, y la Compin y la Suseso se pueden concentrar entonces en la fiscalización, que ahí tenemos ciertas deficiencias como ha sido visto —puntualizó el director de Fonasa.
El proyecto de ley ingresado en julio al Congreso busca también igualar la cancha entre funcionarios públicos y el resto de los trabajadores
—Tenemos un pago anticipado de licencia en todo el aparato del Estado que la verdad no resiste más —reconoció el senador Castro—. Recién ahora, 35 años después de retornar a la democracia, hay una iniciativa del Ejecutivo para cambiar el régimen de licencias médicas.
Si algún aprendizaje dejaron los últimos informes de Contraloría y el cruce de datos de Informe Especial, es que no basta con perseguir y sancionar a los médicos licenciosos. Se debe enfrentar con la misma dureza a esos falsos pacientes; esos que perjudican a los verdaderos enfermos y que ponen en jaque al sistema de seguridad social, con costos millonarios para todos los chilenos.