Pocos minutos antes de la medianoche del 17 de junio de 2024, los empleados de un local de comida rápida en Independencia se sorprendieron con una escena que parecía sacada de una película de terror: dentro del recinto, una mujer descalza, en camisa de dormir y premunida de un cuchillo, gritaba palabras incomprensibles.
Entre los dependientes lograron calmarla y, usando la aplicación de un celular, pudieron traducir lo que decía. La ciudadana china afirmaba que buscaba ayuda, porque había logrado escapar de un sujeto que la trajo engañada desde su país y buscaba prostituirla.
El jefe de seguridad del local se comunicó con el cuartel de la PDI más cercano y les relató el hecho. Los detectives se dirigieron de inmediato hacia el lugar, tomando cuenta la situación y, acto seguido, llamaron a los especialistas de la Brigada Investigadora contra la Trata de Personas (Bitrap).
A las 3:00 de la madrugada del 17 de junio, comenzaron las primeras diligencias y llevaron a la mujer hasta el Servicio Médico Legal para constatar lesiones. Hecho lo anterior, la condujeron hasta el Cuartel Borgoño, donde la Bitrap tiene sus oficinas.
Hasta ese momento, todo seguía según los protocolos, cuando a las 11:30 de la mañana la guardia informó que un chino llamado Ping Lin buscaba entregar ropa y comida a quien —aseguró— era su esposa.
Ninguno de los detectives comprendía muy bien qué ocurría, porque el teléfono de la víctima había permanecido apagado y desde el local de omida rápida hasta la unidad nunca se comunicó con nadie.
De inmediato contactaron a la Fiscalía Centro Norte y Ping Lin fue detenido, porque en el relato de la asiática había elementos irrefutables: drogas, armas, trata, otros chinos, venezolanos, colombianos y, sobre todo, dos mujeres vietnamitas en su misma situación que engrosaban la gravedad de los hechos.
Cumplido lo anterior, los policías prendieron el teléfono de la afectada, con miras a profundizar la investigación, porque la expresión “crimen organizado” bullía con cada paso que daban.
Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula: el aparato había sido borrado a distancia y con ello perdieron información clave. En ese instante cayeron en la cuenta que la víctima era apenas la punta del iceberg de una organización criminal china de otro calibre.
El KTV
Las diligencias siguieron su curso y comenzaron los allanamientos con un grupo de 10 efectivos de la PDI, atendido el peligro de que la organización se defendiera.
El primero fue un karaoke y sala de juego ilegal ubicado a pocos metros de la Universidad de Santiago, el "Xinhua KTV", donde —según la víctima— se ejercía la prostitución con extranjeras y se vendía droga.
En el lugar encontraron al venezolano Daniel Cona, quien no registraba ingreso al país, como también a Yanjian Mao, en la misma situación migratoria.
Iniciada la revisión, se encontró un bolso donde habían 118 municiones de distintos calibres y bajo un colchón descubrieron un revólver Smith and Wesson con el número de serie borrado, dos millones de pesos en efectivo y bolsas con metanfetamina que Cona mantenía en sus bolsillos. Ambos fueron detenidos en el instante.
Luego, los PDI partieron rumbo al domicilio del venezolano, ubicado en el barrio Meiggs. Cona decidió colaborar.
En su dormitorio, una mochila negra contenía una pesa gramera, tres celulares, 39 cuadernos escritos en chino que revelaban la contabilidad de la organización, una pistola Browning 9 mm y una subametralladora de fabricación argentina.
Según Cona, ambas eran usadas constantemente por Ping Lin en sus desplazamientos en auto por Santiago como medida de protección.
Agregó, además, que este último era el nexo con traficantes colombianos para adquirir metanfetamina y que al menos siete chinos lo visitaban constantemente en su local de juegos en la comuna de Estación Central.
La última parada fue el domicilio de Ping Lin en calle Rosas casi esquina Teatinos, a sólo cinco cuadras de La Moneda, donde confiscaron una granada táctica irritante y cuadernos escritos en chino.
La ingeniera comercial
De acuerdo con la investigación, la víctima china aludida llegó a Chile en marzo de 2024, previo a establecer una relación vía internet con Ping Lin, quien —usando un contrato simulado— la trajo hasta suelo nacional vía aérea, para luego prostituirla.
Asimismo, se estableció que la mujer fue obligada a consumir metanfetamina y agredida en diversas oportunidades por Lin, quien incluso amenazó con “venderla”.
El acuerdo de voluntades, para dar apariencia de legalidad a la residencia en el país, se realizó a través de sociedades ligadas a la ingeniera comercial Tania Fuentes.
La lógica fue sencilla y tuvo dos momentos: el primero, una solicitud bajo contrato que la víctima realizó en el Consulado General de Chile en Guangzhou, China, el 11 de septiembre de 2023.
Para autentificar el requerimiento, la afectada aparecía como prestadora de servicios para la sociedad de Inversiones Jacarandá —propiedad de Fuentes Neira— con un documento firmado en una notaría de Santiago. Sin embargo, por un error en la fecha de nacimiento el trámite fue anulado.
Por esta razón, una nueva petición se hizo en la legación diplomática nacional ubicada en Chengdú, donde se legalizó el pacto laboral el 23 de octubre de 2023.
En esta oportunidad, la víctima apareció contratada por S&L Asset Management, cuya representante legal y socia también es Fuentes Neira. En el cuerpo del documento se detalló que tendría un cargo como “asistente de soporte” en las oficinas de la compañía, que se ubican en La Serena y Santiago.
Lo anterior, pese a que la PDI comprobó que la víctima no hablaba (ni habla) español y tampoco inglés.
Con "todo en regla", la afectada ingresó a Chile el 6 de marzo de 2024 y, sin saber lo que se le venía, fue alojada en el departamento de Ping Lin en el centro de Santiago.
Tania Fuentes, de acuerdo a registros policiales, fue denunciada ante el Ministerio Público por el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados en 2022. En aquella oportunidad fue vinculada a la tramitación de solicitudes de visas a ciudadanos chinos, según detalla un informe de la policía civil al que accedió Informe Especial.
Mala memoria
En su testimonio ante la policía el 2 de mayo pasado, Fuentes Neira reconoció que las empresas son de su propiedad y que trabaja con inversores del gigante asiatico.
Por esta razón, indicó que en oportunidades firma documentos sin tener mayor claridad respecto de quiénes se trata, ya que su labor es administrativa.
En la misma línea, agregó no recordar el nombre de la víctima que le fue mostrado por la PDI, pero que sería una trabajadora que se arrepintió a último momento, contratada en Chile para traerla desde China.
Sin embargo, al revisar su teléfono entregó más antecedentes:
—Encontré una conversación en donde, el 12 de noviembre de 2024, del área financiera me comunicaron que (la víctima) tenía lo necesario para tramitar el finiquito —reveló.
Es decir, casi cinco meses después de la detención de los acusados. A renglón seguido, se comprometió a entregar una copia del término laboral a la PDI.
Y siguió recordando.
—Ahora que me pongo a pensar, porque me sigue dando vueltas el nombre (...), el año pasado, desconozco si será la misma persona o no, pero hubo una mujer que no llegó nunca a trabajar y nos enteramos de que parece que tenía una pareja en Chile y a él lo habían detenido, al parecer por un tema relacionado a las drogas, situación que nos acomplejó —aseguró Fuentes Neira en su declaración—. En este momento (...) me doy cuenta de que las veces en que a los trabajadores chinos no les ha gustado el trabajo y se han ido, no hemos verificado que efectivamente hayan subido al avión para el que le compramos los pasajes —reconoció.
Mientras aún declaraba ante los detectives, le llegó un mensaje a su teléfono:
—En este momento me informan desde la empresa (a través de un mensaje de WhatsApp) que fue una de las trabajadoras que nunca llegó con nosotros.
Desde África a Santiago
Por su parte, respecto del caso de las dos víctimas provenientes de Vietnam, la investigación dejó en evidencia que la asociación delictiva dirigida por Ping Lin tiene un carácter transnacional.
Ambas abordaron el primer vuelo para llegar a Chile nada menos que en Benín, un país ubicado en la zona oeste de África, que comparte frontera con Togo y Nigeria.
De allí continuaron el periplo hacia Etiopía y luego a Sao Paulo, en Brasil, donde la mafia china tiene una de sus bases de operaciones criminales más importantes de la región. Acto seguido, se bajaron en el Aeropuerto de Santiago.
Al igual que la mujer china aludida, consiguieron que un chileno las “invitara” mediante una carta notarizada en Santiago sin mayores formalidades.
El supuesto autor del documento fue Andrés Vásquez, quien se habría comprometido a pagar los gastos de comida y alojamiento mientras estuvieran en suelo nacional, al menos desde marzo de 2024.
De acuerdo con la indagatoria, el sujeto entregó una dirección en Pudahuel, lugar donde solo vive su hijo, y cuya propiedad es arrendada por piezas a extranjeros.
Otra de las direcciones revisadas por la PDI fue el edificio “Torre de Vitacura”, en el corazón de Sanhattan, donde se estableció que funcionan dos empresas donde laboran trabajadores chinos.
Con todo, la Fiscalía pidió un total de 55 años de cárcel para Ping Lin y Yanjian Mao. El Ministerio Público los acusó de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y posesión de armas de grueso calibre.
Hasta la fecha, toda la indagatoria había sido mantenida bajo estricta reserva.
Todos los caminos llevan a Fujian
De acuerdo con la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ping Lin sería el líder del grupo criminal y fue imputado por el delito de “facilitación de la prostitución internacional”. Todo ello por traer a Chile mediante engaño a las tres mujeres que fueron parte de la investigación. De paso, también fue formalizado tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones.
A Yanjian Mao, por su parte, el organismo persecutor le imputó también tenencia ilegal de armas y narcotráfico. Para el venezolano Daniel Cona Malave, en tanto, Fiscalía pidió una pena de 10 años por delitos similares.
Todos se encuentran privados de libertad desde el 18 de junio de 2024, luego que la ciudadana china escapara desde el departamento de Ping Lin hasta el local de comida rápida y denunciara que era prostituida en contra de su voluntad.
Si bien los elementos incautados son una importante prueba material, los teléfonos celulares de Cona, Lin y Mao entregaron información valiosa del comportamiento de la agrupación delictiva y sus alcances en Santiago y regiones, ligada a casas de juego ilegales y karaokes.
En ellos constan imágenes de pistolas glock, videos de mujeres asiáticas desnudas bailando en locales nocturnos, otro donde un sujeto es torturado en cámara, entre muchas imágenes irreproducibles.
También figuran registros del uso de sociedades para la comisión de ilícitos y una compleja red de pagos y comunicaciones a través de WeChat, plataforma conocida en su minuto como el "WhatsApp chino", pero que en rigor es un ecosistema integral que sirve para todo: transacciones, redes sociales, transporte, comida, compras y otros.
Coincidentemente, Ping Lin es originario de Fujian, la misma zona de donde proviene la mafia Bang de Fujian, que fue detectada en Chile en 2021 dedicándose a la plantación de marihuana y tráfico de migrantes.
Tras las rejas
Según los antecedentes obtenidos por Informe Especial, la Fiscalía Centro Norte no solo acusó a Ping Lin por los delitos mencionados, sino además por mantener un celular y dos chips en la celda que ocupaba en Santiago Uno. El hallazgo ocurrió a mediados de julio de 2024, a casi un mes de la detención.
De hecho, utilizó el aparato para contactarse con la víctima en distintas oportunidades vía audio y video, cuyos registros la Bitrap utilizó como evidencia. En la comunicación, Ping Lin la amenazó en diversas oportunidades para que cambiara su declaración, hecho que no ocurrió.
No fueron los únicos dispositivos móviles que tuvo el acusado tras las rejas. Volvió a ser descubierto en marzo pasado, cuando funcionarios de Gendarmería le incautaron a Ping Lin otros tres aparatos en una ronda inspectiva.
Y si bien la trama quedó al descubierto rápidamente tras la investigación de la Brigada contra la Trata de Personas (Bitrap) de la PDI, el asunto pudo haber sido detectado varios años antes.
En diciembre de 2019, el entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), interpuso una querella en contra de una serie de empresarios chinos que regentaban casas de juego ilegales y karaokes.
En el documento, Ping Lin aparece mencionado como propietario de dos centros de entretenimiento.
“Es del caso señalar que los querellados, dueños de los respectivos locales clausurados, realizaron la rotura de los sellos y candados puestos por la autoridad municipal, para luego abrir sus locales nuevamente al público. Dicha situación se ha constatado y verificado en reiteradas oportunidades por los inspectores de nuestra comuna”, detalló el libelo en ese entonces, donde se solicitaron una serie de diligencias.
No obstante, la tramitación ante el tribunal de garantía tiene apenas 15 páginas, ya que el Ministerio Público solicitó —el 18 de junio de 2020— “no perseverar el procedimiento por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
El 6 de octubre del mismo año se realizó la audiencia respectiva, a la que no asistió el abogado querellante de la comuna.
Sin embargo, no fue la única ayuda institucional que recibieron durante su operación: la minuciosa indagatoria de la Bitrap de la PDI también detectó una red de funcionarios policiales que les prestó cobertura de seguridad, cuyos detalles serán parte de la próxima entrega sobre "La mafia del dragón", que podrás revisar desde este miércoles en la web de Informe Especial.