Revisa la primera parte aquí:
Once funcionarios de la PDI prestaron servicios de seguridad a distintos casinos ilegales y comercios chinos de la Región Metropolitana, algunos de los cuales aparecen vinculados a dos ciudadanos de esa nacionalidad, acusados por graves delitos asociados al crimen organizado.
La información consta en la investigación que realizó la Fiscalía Centro Norte, que acusó a los chinos Lin Ping y Yanjian Mao por ilícitos de trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la prostitución internacional, narcotráfico y posesión de armas de grueso calibre, por los cuales arriesgan —en total— 55 años de cárcel.
A los anteriores se suma el venezolano Daniel Cona, para quien pidieron 10 años por tráfico y tenencia de armas.
Tal como informó este martes Informe Especial, el caso se inició el 17 de junio de 2024, luego que una víctima, traída por Lin Ping a Chile, huyera del departamento ocupado por este último en el centro de Santiago.
De inmediato se iniciaron las pesquisas: Ping y Mao fueron detenidos junto al venezolano Daniel Cona y se incautaron libros de contabilidad y los teléfonos celulares de cada uno de ellos.
Y ahí comenzó todo.
Sumarios inmediatos
En los aparatos había un contacto que se repetía, ya fuera como “Rodrigo”, “Ozzy” o “Policía”. Se trataba del agente policial Rodrigo Levenier Soto, de las filas de la Brigada Aeropolicial y quien —según su propia declaración— coordinaba distintas actividades para los criminales asiáticos como guardia de seguridad.
La aparición de Levenier en el caso derivó en la resolución inmediata de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, para que el asistente policial entregara su teléfono y alzara el secreto bancario.
Con la debida celeridad, el mando institucional ordenó la realización de un sumario administrativo a cargo del Departamento Quinto de Asuntos Internos (DV). En otras palabras, los policías que investigan a sus colegas cuando se apartan de la norma.
En efecto, al menos respecto del caso de Levenier, fue suspendido de inmediato.
Uno de los primeros hallazgos en el aparato de dicho funcionario fue un grupo de WhatsApp llamado “mall chino”, compuesto por 34 personas. De ellos, según se desprende del chat, nada menos que once funcionarios de la PDI —incluido Levenier— aparecían en las mismas labores: seguridad.
De acuerdo con la investigación, Levenier Soto operaba con Ping y Mao en un casino ilegal ubicado en la comuna de Estación Central.
Y declaró que el dinero obtenido por el negocio con este y otros locales —ubicados en comunas como Cerro Navia y Puente Alto— era recaudado por Rodrigo Silva, un asistente policial encuadrado en la Jefatura Nacional de PDI.
—Los pagos los hacía (Rodrigo) Silva, y era él quien recibía el dinero por parte de los dueños de los locales, pero en ocasiones y por la distancia me pedía ir a buscar el pago total a algunos establecimientos, por lo general a los que me quedaban cerca de mi casa (...) una vez que lo recibía se lo transfería a él, quien finalmente hacía el pago a todos nosotros, ya que él mantenía el rol de las guardias que cada uno efectuaba —testimonió Levenier ante sus colegas del DV.
Junto a Silva y Levenier, también aparecieron otros efectivos con roles en unidades clave de la PDI. Por ejemplo, uno de "Protección de Personas Importantes” (PPI), o más conocidos como guardaespaldas de autoridades; y otro en la Sección de Seguridad del Cuartel General.
El resto, en tanto, estaban en la Jefatura de Sanidad. Más allá de sus labores de seguridad para comerciantes chinos, uno de ellos también animaba cumpleaños en sus tiempos libres.
De todos ellos, solo uno estaba en situación de retiro.
Plata extra
El interrogatorio al que fue sometido Levenier permitió conocer detalles adicionales, sobre todo del conocimiento de los alcances de la mafia china que busca condenar la Fiscalía Centro Norte.
—Sabíamos que (...) los locales destinados a casinos en que prestábamos servicios como guardia de seguridad no estaban regularizados —apuntó en primera instancia.
Aseguró también que jamás supo que Ping Lin y Yanjian Mao estaban dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y armas.
—Nunca pregunté algo relacionado con eso (...) solo me dedicaba a hacer mi turno y lo hacía para tener una plata extra —insistió.
El pago era en efectivo y fluctuaba entre los $35 mil a $50 mil, dependiendo de las horas trabajadas.
—En un local de Ping trabajaban algunas extranjeras, no chinas, eran venezolanas —reconoció, aunque sin referirse al rol que ocupaban.
Sin embargo, en la investigación constan fotografías, audios y WhatsApp en que mujeres del país bolivariano también ejercían el comercio sexual al amparo de la mafia china.
Sorpresa mayúscula
Uno de los episodios más llamativos de esta historia ocurrió el 17 de junio pasado, precisamente cuando la Bitrap rescató a una mujer de nacionalidad china que escapó de las garras de Ping Lin, quien la trajo a Chile.
De acuerdo con la versión de la afectada, este la obligaba a consumir metanfetamina y en distintas ocasiones la golpeaba. Incluso amenazó con "venderla". Hoy la mujer se encuentra en un domicilio reservado por razones de seguridad.
La joven, que llegó a un local de comida rápida de Independencia pidiendo ayuda, fue llevada al Servicio Médico Legal por la Bitrap para constatar lesiones. Hecho el trámite, los policías se trasladaron a las oficinas ubicadas en el Cuartel Borgoño. Allí contuvieron a la mujer y comenzó la obtención de antecedentes.
Si bien el celular que portaba la víctima estuvo apagado en todo momento, la mañana del 17 de junio un llamado de la guardia alarmó a los detectives: Ping Lin había llegado a la unidad con ropa y alimentos que —aseguró— traía a su "esposa".
La pregunta inmediata fue cómo pudo enterarse. Precisamente esa fue una de las interrogantes que buscó aclarar el Departamento Quinto de Asuntos Internos en el interrogatorio a Levenier.
En primera instancia, este último aseguró que nunca prestó ayuda a los mafiosos chinos hurgando en el sistema institucional. Sin embargo, reconoció que esa misma mañana recibió una imagen de Google Maps, del Cuartel Borgoño, enviada por el propio Ping Lin, a la que no dio importancia, pese a que le solicitaron ayuda para conocer los detalles sobre la detención de la víctima.
El colega "chismoso"
En todo caso, confirmó que un colega —del que dijo no recordar su nombre— lo llamó contándole que la que víctima había arrancado del departamento de Ping Lin, porque este último la golpeaba.
Levenier, en su testimonio ante el DV, expuso que —a su parecer— se debía cumplir la ley y que la detención se ajustaba a la norma.
No obstante, a renglón seguido el mismo colega lo volvió a contactar, esta vez “en tono de copucha” y le reveló que Ping Lin estaba detenido por delitos de crimen organizado.
—Al rato me llamo de nuevo mi colega que trabaja en el Cuartel Independencia y me contó que Ping estaba detenido al parecer por el delito de trata de personas, sin saber más detalles —dijo—. Esta situación me sorprendió, porque nunca me percaté que él (Ping Lin) estuviese involucrado en algo así, al menos nunca vi algo relacionado con ese delito en las oportunidades que trabajé como guardia de seguridad en su local de casino —subrayó.
No obstante, de su testimonio se desprendía un detalle inquietante para los funcionarios del DV: el Cuartel Independencia es el mismo lugar donde se ubica la Bitrap y quien lo llamó, según dijo Levenier, también trabajaba como guardia de seguridad para los chinos.
De los 11 funcionarios que aparecieron en el celular del criminal asiático, uno tenía funciones precisamente en dicho recinto.
Libros en chino
En los libros de contabilidad que incautó la Bitrap, durante las primeras diligencias de junio de 2024, se encontraron pagos con títulos llamativos, según detalló el reporte policial al que accedió Informe Especial.
Por ejemplo: "Padre Hurtado", "Melipilla", "policía" y "gobierno municipal".
Coincidentemente, Ping Lin y Yanjian Mao no eran nombres desconocidos en la casa comunal de Estación Central. A fines de 2019, el entonces alcalde Rodrigo Delgado (UDI) se querelló en contra de ambos —incluyendo varios otros empresarios chinos— por la constante rotura de sellos de casinos ilegales que también operaban como karaokes.
“Es del caso señalar que los querellados, dueños de los respectivos locales clausurados, realizaron la rotura de los sellos y candados puestos por la autoridad municipal, para luego abrir sus locales nuevamente al público. Dicha situación se ha constatado y verificado en reiteradas oportunidades por los inspectores de nuestra comuna”, detalló la querella.
Delgado interpuso el libelo ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y el caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte, que en 2020 resolvió no perseverar debido a que en "la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
Es probable que sin la denuncia hecha por la víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, las cosas podrían haber seguido igual.
Informe Especial intentó obtener una versión de la PDI respecto a la situación administrativa de los asistentes policiales aludidos, para conocer si seguían en funciones y en qué estado se encontraba el sumario sustanciado por Asuntos Internos.
Sin embargo, la institución —hasta el cierre de este artículo— no entregó respuesta.
Del mismo modo, IE intentó comunicarse con Levenier y Silva a los teléfonos que mantienen inscritos en la PDI, pero no contestaron los llamados ni los mensajes de este medio.