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Aprueban 'muerte digna' en Argentina

Los 54 senadores votaron a favor la modificación de la ley de Derechos del Paciente y su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009.

Fabián Mardones

Miércoles 9 de mayo de 2012

El Senado argentino aprobó por unanimidad este miércoles una ley de 'muerte digna' que garantiza el derecho de los pacientes con cuadros terminales e irreversibles a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.

Las personas que sufren "enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal tienen derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital", dice la normativa.

La iniciativa establece el derecho "a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa", aunque mantiene la opción de que el paciente revierta su decisión.

El proyecto garantiza protección legal para los profesionales médicos al remarcar que "ningún interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de esta ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa" por las consecuencias de la aplicación de esta normativa.

La norma también dictamina que en caso de que el paciente no esté en condiciones de manifestar su voluntad por razones físicas, lo podrán hacer sus familiares directos.

La nueva normativa, que había sido aprobada en noviembre pasado por la Cámara de Diputados por 142 votos a favor y seis en contra, excluye la eutanasia así como el llamado 'suicidio asistido', que las leyes argentinas castigan como homicidio.

La norma comenzó a debatirse luego de que Selva Herbón, madre de una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento pidiera públicamente la "urgente aplicación de una ley de muerte digna" en una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández.
 

El proyecto abrió un fuerte debate en la sociedad argentina y, aunque logró un amplio apoyo en el Congreso, fue rechazada por la Iglesia Católica, culto mayoritario en el país.