La Corte Suprema de Justicia argentina declaró constitucional la Ley de Medios impulsada por la presidenta Cristina Fernández que obligará al gigantesco Grupo Clarín a vender licencias de radio y televisión y que la oposición considera que busca silenciar voces críticas.
El máximo tribunal transandino se pronunció ante un pedido del Gobierno, después de que una corte inferior dictaminara en abril la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma que prohíbe a un mismo operador explotar licencias de televisión abierta, radio y cable, entre otras restricciones.
La decisión de la Corte Suprema es una buena noticia para el Gobierno luego de la derrota que sufrió el domingo en unas elecciones legislativas.
El conglomerado Clarín, duramente enfrentado con Fernández, controla el principal operador de televisión por cable de Argentina, el diario de mayor tirada, las radios más escuchadas y dos de los canales de televisión con mayor audiencia, entre ellos una señal de noticias.
Fernández, que debió ceder el poder hace tres semanas a su vicepresidente para recuperarse de una cirugía por un hematoma craneal, mantiene una relación tensa con el Poder Judicial, al que ha acusado de querer frenar sus reformas económicas y políticas de corte intervencionista.
Una fuente judicial dijo, bajo condición de anonimato y sin dar detalles, que el fallo de la Corte establece un tratamiento específico para cada uno de los cuatro artículos de la ley que estaban en tela de juicio, incluido el plazo de cumplimiento de las desinversiones.
La ley, que según el Gobierno busca garantizar la pluralidad y que se acote la concentración de la propiedad en los medios, limita las licencias de radio y televisión que pueden estar en manos de un grupo empresarial y también su participación de mercado.
Los medios de comunicación que superaran los límites establecidos por la ley tenían tiempo hasta fines del 2012 para presentar una propuesta de adecuación a la norma. El único que no lo hizo fue Clarín, a la espera de la resolución de la batalla judicial.
La decisión de la Corte Suprema es el último dictamen judicial en la batalla entablada desde el 2009 por Clarín para resistir la ley con el argumento de que busca debilitar a los medios críticos del Gobierno.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que la norma afecta la sustentabilidad financiera de los medios de comunicación privados y busca censurar a los que no comparten las políticas del Gobierno.
Dirigentes opositores argentinos han acusado a Fernández de querer destruir la pluralidad de voces en el país.
Fernández puso a Clarín en el 2008 en la lista de sus enemigos políticos, luego de que distintos medios del grupo se mostraran críticos hacia su Gobierno durante una extensa protesta de productores agrícolas que rechazaban un incremento impositivo.
Fuente: Agencia Reuters