Fue todo un escándalo en Argentina.
Un niño de seis años fue violado por un dirigente de fútbol infantil, pero al agresor, en vez de recibir un duro castigo, se le rebajó la pena inicial de seis años a tres años y dos meses.
La explicación del juez fue que el menor "es gay, ya tiene su sexualidad definida. El abuso pasó, pero no fue tan ultrajante".
Tras las presiones de numerosas asociaciones y gran parte de la opinión pública, uno de los polémicos magistrados del caso, Horacio Piombo, decidió renunciar a su puesto ante la Corte suprema de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte Ramón Sal Llargués, el otro juez que recurrió a la supuesta orientación sexual del niño para reducir el castigo al agresor, "estaría por el mismo camino" que Piombo (renuncia), afirmó Ricardo Casal, titular de la justicia bonaerense.
Casal agregó que "desde el primer día salimos a reprochar este fallo porque atacaba derechos fundamentales del menor", y destacó que "toda la cadena institucional ha reaccionado y ambos (jueces) están convocados a un juicio político", tal y como solicitaron las organizaciones de derechos humanos en cuanto se conoció el polémico fallo.