Las trabas migratorias implementadas por el gobierno mexicano habrían bloqueado las solicitudes de asilo presentadas por al menos 35 mil migrantes en lo que va de 2019, según lo denunciado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
De acuerdo con lo reportado por la expresidenta chilena, las políticas puestas en marcha tanto por México como por Estados Unidos, Honduras y Guatemala mantienen a muchos migrantes en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales.
"En lo que va del año, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias. Nuestras oficinas de país en México, Guatemala y Honduras han documentado aumentos en las detenciones y deportaciones de migrantes", dijo Bachelet.
El endurecimiento de las medidas migratorias habría incrementado sustancialmente los índices de deportaciones y de detenciones de menores de edad en las zonas fronterizas, los cuales continúan siendo trasladados a los centros habilitados por las autoridades estadounidenses en los que permanecen en condiciones que han sido calificadas como “inhumanas”.
“Sigo profundamente perturbada por estas políticas, incluida, en particular, la separación continua de los niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de los niños simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño”, afirmó.
Durante la jornada de apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet insistió en que las disposiciones del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, reducen los esquemas de protección incluso para los niños a raíz de la separación de sus padres.
“Hemos observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad, falta de evaluación individual, denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Los acuerdos para “devolver" personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales”, indicó.
Para la alta funcionaria, el refuerzo de los controles no logrará detener la migración de cientos de familias; por el contrario, afirma que incentivará la búsqueda de rutas ilegales y más peligrosas para huir de la pobreza y la inseguridad de sus poblaciones natales.
El tránsito irregular de los migrantes deriva, a los ojos de Bachelet, en la exposición de los grupos a agresiones físicas y sexuales a manos de miembros de las redes de tráfico de personas que surcan las fronteras.
A tres meses de llegar a un acuerdo sobre migración con Estados Unidos, que ha llevado al despliegue de militares en las fronteras y a un endurecimiento de las políticas migratorias en México, el Instituto Nacional de Migración afirmó que el flujo de migrantes se redujo en un 56%.
Entre enero y agosto habrían sido deportados más de 100.000 indocumentados, la mitad de ellos en los meses transcurridos desde el pacto. Sin embargo, para la administración de Trump pareciera no ser suficiente, por lo que Washington sigue considerando cambios legislativos que permitan que las detenciones se lleven a cabo de manera permanente.
En su pronunciamiento, Bachelet también se refirió a la migración de miles de venezolanos, sobre la que señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro no evidencia la voluntad de responder a la petición de Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) liderada por la Policía, la cual ha sido vinculada con supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Justamente acerca de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que habrían sido cometidas por miembros de la Faes, la ONG Monitor de Víctimas informó de las denuncias de 57 nuevos casos. Se estima que, a causa de la crisis, más de cuatro millones de venezolanos han migrado hacia el sur del continente americano.
Con EFE y Reuters