El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió este jueves en que el Congreso debe dotar a los agentes de las fuerzas de seguridad de la debida "garantía jurídica", para endurecer aún más la lucha contra la criminalidad.
"No puede un policía terminar una misión y recibir al otro día la visita de un oficial de justicia", declaró Bolsonaro durante un acto en que fueron entregados nuevos equipamientos para los cuerpos de seguridad que operan en áreas fronterizas.
A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios, a los que el líder de la ultraderecha instó a aprobar la llamada "exclusión de ilicitud", una controvertida fórmula jurídica que impediría llevar ante los tribunales a los agentes que maten en ejercicio de sus funciones, aún cuando se comprueben excesos o abusos.
En los últimos tres años, alentados en parte por la política de "mano dura" contra la delincuencia impuesta por el Gobierno, los cuerpos de seguridad de Brasil han sido más violentos y, según la oposición, han seguido el lema "bandido bueno, es bandido muerto" que repite Bolsonaro.
El último episodio de violencia policial ocurrió la semana pasada en Río de Janeiro, donde ocho personas murieron tras una acción de agentes en una favela dominada por narcotraficantes.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ese hecho como una "masacre" y denunciaron que algunos de los fallecidos, según dijeron los vecinos, no tenían implicación alguna con la delincuencia.
El jefe del Estado no se refirió a ese hecho, pero afirmó que "es duro, es muy difícil responder a un proceso cuando se tiene la razón".
El líder de la ultraderecha también puso como ejemplo el caso de "un chico de las Fuerzas Armadas que está prestando el servicio militar, al que nosotros le ponemos el fusil en su pecho, que va a cumplir la misión y da un problema".
"¿Cuál crimen cometió?", planteó el mandatario, para agregar que "la prensa lo va a condenar desde el primer momento" y "le van a dar más de 20 años de prisión".
Bolsonaro tampoco lo citó, pero esa fue la pena que la Justicia le aplicó a ocho soldados que, en abril de 2019, dispararon al menos 257 veces contra un vehículo que no percibió un retén militar en Río de Janeiro.
El incidente dejó dos muertos. El conductor del automóvil, que estaba con su familia e iba a una fiesta infantil, y un recolector de basura que intentó ayudar a los heridos.
El Parlamento "debe luchar" por la exclusión de ilicitud, pues está convencido de que con esa "garantía jurídica" se reforzará el combate al crimen y "se reducirá mucho" la violencia, señaló Bolsonaro.
"No queremos tener carta blanca para matar. Queremos el derecho a no morir", declaró el mandatario, quien además agradeció "a todo el personal de seguridad, por poner en riesgo su vida para proteger la de los ciudadanos".