El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), el cual tiene como su figura principal a la suspendida presidenta Dilma Rousseff, exigió este martes ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República la destitución de diez ministros que forman parte del gabinete de Michel Temer, "sucesor" de la mandataria.

Quien presentó la solicitud fue el diputado Afonso Florence, jefe de bancada del PT, quien argumentó que los apuntados "negociaron sus cargos antes de las votaciones" que terminaron con la suspensión de la mandataria y el comienzo del juicio político en su contra.

Los ministros apuntados por el PT son el canciller José Serra y los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendonça Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney Filho; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.

Entre los incluidos se encuentra también Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada después de que se filtraran a la prensa unas grabaciones en las que afirmaba que era preciso "delimitar" la investigación sobre la corrupción al interior de Petrobras.

"La votación del proceso de impeachment (juicio político), que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaran por la suspensión de la presidente Rousseff", argumenta el PT.

En el caso del canciller Serra, se adjunta una demanda particular mediante la cual se lo acusa de "conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país".

Los fundamentos de la acción se sustentan en supuestas "instrucciones dadas" a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría "ordenado" que "el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país", como afirma Rousseff.

De esta forma, el PT apeló a que todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución Nacional, que se refiere a la "moralidad" y la "ética" en la política, y otras leyes específicas de la administración pública que establecen la "plena separación de intereses públicos y privados".

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