La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno inició el jueves su trámite parlamentario con la inclusión de la Casa Real española, la primera monarquía que lo hace de forma explícita en Europa.
El proyecto de ley comenzó superando las siete enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición, salvo el Partido Socialista (PSOE), CiU (partido nacionalista catalán) y PNV (Partido Nacionalista Vasco), que retiraron la suya en el último momento al incorporar el gobernante Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en la Cámara Baja, algunas de sus reivindicaciones.
En su presentación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, calificó la ley de "necesaria e inaplazable" para el desarrollo del artículo 105 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la administración y que, en consecuencia, impone a las administraciones la obligación de suministrar la información que contienen.
"Una nueva cultura de apertura política que impone el cumplimiento de objetivos y la responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, electos y no electos, políticos, altos cargos y empleados públicos en general", añadió la número dos del Ejecutivo español.
En el debate, Saenz de Santamaría anunció que la ley, además de otros organismos como los partidos políticos y los sindicatos, incluirá también las entidades privadas que reciban una financiación pública relevante, así como el Banco de España.
La ministra de presidencia aprovechó el debate para anunciar también la voluntad del gobierno de crear un órgano independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para vigilar su aplicación y resolver los conflictos que pudieran surgir con "sanciones rigurosas".
Esta ley prevé la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, concebido como un punto de acceso único para que el ciudadano tenga acceso virtual a toda la información disponible.
La degradación y el desgaste de la monarquía en el país hispano es evidente. Los negocios irregulares del yerno de Juan Carlos I, sumados a los continuos deslices del monarca, como la cacería en Botswana o su supuesta relación sentimental con una noble alemana, han impulsado a la Casa Real a someterse a esta ley para evitar más críticas.