El Gobierno de Colombia separó el martes de sus cargos a dos altos oficiales del Ejército encargados del manejo de la inteligencia, después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenó investigar supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones a algunos de sus negociadores en el diálogo de paz con las FARC por parte de efectivos militares.
El mandatario, quien ha hecho de la solución al conflicto interno su principal bandera de Gobierno y buscará su reelección en mayo, sugirió que "fuerzas oscuras" serían las responsables de las supuestas interceptaciones con el propósito de sabotear la negociación con la que se busca poner fin a un conflicto de casi medio siglo.
"Hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército y al director de la Central de Inteligencia Técnica. Esto mientras avanzan las investigaciones", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, horas después de la petición del presidente.
Pese a la decisión, que separa temporalmente de sus cargos a los generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, el ministro sostuvo que las labores de inteligencia militar han sido fundamentales para combatir a la guerrilla, el narcotráfico y el crimen organizado, así como para evitar "ataques terroristas".
Santos ordenó las pesquisas luego de que la revista Semana denunció que desde un local habilitado como restaurante y sala de internet en una concurrida zona comercial de Bogotá se habrían intervenido comunicaciones privadas.
"Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército que me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia", declaró previamente el presidente a periodistas después de una reunión con la cúpula militar.
"Es algo totalmente inaceptable", dijo el mandatario de centro derecha al precisar que la investigación busca poner al descubierto "fuerzas oscuras que están tratando de sabotear el proceso de paz" y los contactos que éstas tendrían al interior del Ejército.
Sin embargo, no dio ningún detalle ni hizo señalamientos sobre quiénes podrían estar detrás del supuesto espionaje.
BLANCOS DEL POSIBLE ESPIONAJE
La publicación reveló que el jefe del equipo negociador del Gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle; el alto consejero para la paz, Sergio Jaramillo; y el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, habrían sido objeto de interceptaciones de sus correos electrónicos y mensajes a través del PIN y WhatsApp de sus teléfonos móviles.
La Fiscalía General recopiló algunas denuncias y allanó la semana pasada el lugar, donde confiscó computadores que son analizados como parte de una investigación que sería paralela a la ordenada por el Gobierno, admitieron a Reuters fuentes de ese organismo.
El objetivo de las interceptaciones era obtener información de primera mano sobre la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según las fuentes citadas por la revista en su sitio de Internet www.semana.com.
Las labores de espionaje también habrían involucrado a líderes de la izquierda y otros funcionarios del Gobierno, según la publicación.
De acuerdo con la investigación de la revista, algunos de los involucrados en el caso de espionaje dijeron desconocer quién era el destinatario final de la información recolectada en el sitio conocido entre los militares con la clave de "Andrómeda".
"En este caso somos más víctimas y no victimarios", dijo por su parte el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien sostuvo que el Gobierno jamás ordenó interceptaciones.
El Gobierno de Santos y las FARC iniciaron desde finales del 2012 una negociación de paz en Cuba con la que se buscan poner fin a un conflicto interno que ha cobrado más de 200.000 víctimas.
Las partes actualmente abordan el tema para solucionar el narcotráfico, después de acuerdos parciales para permitir el acceso a la tierra a los campesinos pobres y garantías para el ejercicio de la oposición que eventualmente permitiría que la guerrilla se convierta en un partido político.
De confirmarse, sería el primer escándalo de espionaje después del descubierto en el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, que incluyó interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados, líderes de la oposición y periodistas, lo que provocó en el cierre de la antigua policía secreta.
Uribe, el principal crítico de la negociación de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC, negó estar involucrado en el supuesto caso de espionaje y dijo que hacerlo es "una infamia" o "una cortina de humo", mientras que recordó que como mandatario fue objeto de interceptaciones ilegales.
Fuente : Reuters