La “ley mordaza” como la bautizó el sector opositor al gobierno de Rafael Correa fue rechazada categóricamente porque, su aprobación, considera la creación de un organismo de control sobre la prensa, manejado desde el Ejecutivo.
Sin embargo, la Alianza País, quien gobierna actualmente, entregó el máximo espaldarazo a la medida. Así también, el presidente, Rafael Correa, respaldó la iniciativa atribuyendo a que la nueva institución “busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados”.
Así también, otros sectores como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), denunció el deterioro “pronunciado” del clima de libertad de prensa durante la gestión de Correa, porque ella va contra toda libertad de prensa, aplastada por los poderes del Estado.
Junto al nuevo organismo, se anuncia también la creación de un Superintendencia de Información y Comunicación”, quien se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control”, tendiendo capacidad de sancionar a los medios de comunicación.
