La defensa de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, apeló ante el Supremo Tribunal Federal (STF) este jueves para que se revoque la decisión de destituirla como mandataria por violar las leyes presupuestarias.

El miércoles, el Senado brasileño decidió por 61 votos a favor y 20 en contra la destitución de la líder de izquierda, y confirmó como mandatario hasta 2018 a Michel Temer, que previamente fue vicepresidente de Rousseff y que había servido como gobernante interino.

La apelación presentada por el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, se basa en que los representantes de sus acusadores realizaron cambios a sus argumentos que violaban el derecho al debido proceso, cuando dijeron que la presidenta debía también ser juzgada por la crisis económica y por el enorme escándalo de corrupción que se vive en Brasil.

En la muy improbable eventualidad de que el STF apruebe la solicitud de Cardozo, Temer volvería a ser presidenta interina mientras se repite el proceso en el Senado.

Cardozo solicitó además al máximo tribunal que modifique la ley de presupuesto de 1950, según la cual los acusadores de Rousseff basaron los cargos por incumplir las normas de presupuesto.

Hasta ahora, todas las solicitudes hechas por la defensa de Rousseff en base a los méritos del proceso de impugnación han sido rechazadas por el STF, cuyo presidente, el juez Ricardo Lewandowski, lideró el juicio político.

"Es una petición predecible, pero las posibilidades de que tenga éxito son muy, muy remotas", comentó Thiago de Aragao, analista político y socio de la consultora Arko Advice.

Millones de personas salieron este año a las calles para demandar la salida de Rousseff, menos de dos años después de su reelección, molestas por la profunda recesión en la que cayó el país y por el escándalo de corrupción en Petrobras.

Los opositores de Rousseff celebraron una destitución que a su juicio despeja la vía para un cambio en el rumbo político de la mayor economía de América Latina.

No obstante, Temer hereda una nación dividida, cuyos votantes no están de humor para acatar las medidas de austeridad que ha prometido el mandatario para sanear las finanzas públicas.