Clayton Lockett debía ser ejecutado este martes en Oklahoma City con una inyección letal. El hombre, de 38 años de edad, fue condenado a muerte por el asesinato de una mujer de 19 años.
Lockett violó y mató a una joven que había secuestrado previamente en el año 2000. La golpeó y la enterró con vida.
Sin embargo, todo salió mal durante la ejecución. Cuando le estaban inyectando uno de los tres medicamentos que le darían muerte, le estalló una vena. El director de prisiones ordenó que se detuviera el acto, unos tres minutos después de iniciada la inyección, al constatar "el fracaso de la intravenosa".
Pero no había marcha atrás. El reo inició un estado de sufrimiento, muy agitado, con el cuerpo tembloroso. Emitía gruñidos y pronunciaba palabras incomprensibles, mientras luchaba por respirar. Así se mantuvo durante 43 minutos, hasta que un paro cardíaco lo llevó a la muerte.
Las autoridades judiciales de Oklahoma explicaron que el cóctel de medicamentos no actuó como se esperaba y que uno de ellos no llegó a entrar en el torrente sanguíneo del condenado.
Una polémica muerte que ha reabierto el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.
Tras este suceso, el director de la cárcel aplazó de inmediato unos 14 días la ejecución de Charles Warner, también prevista para este martes.
La ejecución se realizó con un nuevo protocolo de inyección letal, que nunca se había probado antes. Este nuevo procedimiento incluye tres productos: un sedante, un anestésico y una dosis letal de cloruro de potasio.
“Esta noche, Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte", denunció de inmediato Madeline Cohen, abogada de Warner.
"El estado debe revelar todas las informaciones sobre los medicamentos, incluido su grado de pureza, su eficacia, su origen y los resultados de todos los análisis", exigió Cohen, según quien "ninguna ejecución puede ser autorizada en Oklahoma mientras no haya más información acerca de la ejecución fallida de esta noche".
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó una investigación de los hechos y suspendió las ejecuciones durante las próximas dos semanas, además de exigir la investigación sobre todo la dosis de las drogas inyectadas.