Los sindicatos que representan a un 90% de los empleados de Brasil en huelga aceptaron retomar sus funciones el lunes, accediendo a los duros términos fijados por la presidenta Dilma Rousseff, quien insistió en poner la disciplina fiscal por encima de las demandas de su propia base política.
Aunque la mayor parte del sector público ha estado funcionando con normalidad, las paralizaciones desde mayo de la policía federal y de otros empleados que demandaban mejores condiciones laborales y aumentos de sueldos, en rangos que iban desde un 4 a un 150%, causaron trastornos esporádicos en las operaciones de aeropuertos y en algunos ministerios clave.
Rousseff ofreció un incremento en los sueldos de un 15,8% en tres años, lo que apenas cubre la inflación esperada para el período. Los sindicatos que representan a 18 categorías de empleados públicos aceptaron los términos.
El último reporte de inflación del Banco Central, publicado en junio, identificó la negociación salarial como "un riesgo importante" para los movimientos del precio futuro.
Las mejoras en los sueldos del sector público brasileño a menudo fijan una línea de base para el sector privado, donde los sindicatos del sector petrolero, automotriz y de otros también están enfrascados en negociaciones por los pagos.
No todos los trabajadores federales movilizados accedieron a los términos. El martes, el ministerio de Planificación dijo que había recibido señales de que la policía federal no aceptaría la propuesta, mientras que los trabajadores del banco central y de la autoridad tributaria rechazaron el acuerdo.
[Fuente: Agencia Reuters]