Qué es el “Pacto de Bogotá” y qué países lo suscriben son algunas de las preguntas que surgieron tras el anuncio de Colombia de retirarse de dicho acuerdo debido a su molestia por el fallo sobre el juicio marítimo con Nicaragua, donde cedieron territorio marítimo a este último país.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como “Pacto de Bogotá”, fue firmado en 1948 por 21 países de América, quienes en ese momento aprobaron los 8 capítulos del documento que dicen relación con dos puntos principalmente: obligación a resolver controversias por medios pacíficos y regirse al arbitraje de la Corte Internacional de La Haya cuando existan controversias entre dos naciones que previamente acordaron someterse al juicio.
Sin embargo, pese a que 21 países suscribieron el pacto en primera instancia (la mayoría con reservas a distintos puntos), sólo 16 lo ratificaron con el correr de los años, pudiendo bajar a 15 si Colombia finalmente se retira.
Los que dejaron de regirse por la jurisdicción de La Haya son: Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela y Cuba. A este grupo se suman países como Canadá que desde un comienzo rechazaron el pacto y jamás lo firmaron.
Quienes siguen dentro del pacto, en tanto, son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
LAS RESERVAS DE CHILE Y PERÚ
Perú y Chile, que están ad portas de comenzar la fase de alegatos orales en el litio marítimo, también manifestaron sus distintas reservas al acuerdo.
Chile no las presentó al momento de firmar el tratado, pero sí cuando lo ratificó. Según consigna el sitio web del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, el 2011 nuestro país presentó una nota titulada: “Objeción de la República de Chile a la reserva formulada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia al momento de ratificar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá” (puedes ver el documento AQUÍ)
Perú, por su parte, objetó 5 artículos al momento de suscribir el pacto, argumentando que “la jurisdicción interna debe ser definida por el propio Estado” y que “el arbitraje constituido sin intervención de parte, se halla en contraposición con sus preceptos constitucionales”, entre otros puntos.
El 2006, sin embargo, el país vecino notificó a la Secretaría General de la OEA del retiro de todas esas reservas.