Desde que Perú demandó a Chile en la Corte Internacional de Justicia en 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia debió armar una estrategia de proporciones para afrontar el litigio marítimo que ya se venía anunciando.
Como gran parte de las acciones de estado, éstas tienen un costo y el defenderse de esta instancia jurídica no es la excepción. Entonces nace la siguiente interrogante: ¿Cuánto costaría la defensa de Chile en La Haya?
El Ministerio de Relaciones Exteriores declinó a entregar la información respecto a los flujos monetarios del proceso, sin embargo, anticipó que éstos serían publicados una vez terminados los alegatos de las partes en La Haya.
No teniendo la cifra exacta, se puede realizar una estimación en función de casos anteriores. El valor de los montos, pueden oscilar unos con otros y son relativos según la capacidad financiera y de preparación de los respectivos países. Pero si hay una certeza, es que la cantidad de dinero invertida puede marcar la diferencia al momento de la defensa.
EL CASO BOTNIA: ARGENTINA Y URUGUAY
El año 2010 en el litigio protagonizado por Argentina y Uruguay en la Corte Internacional de Justicia por la instalación de una planta de celulosa en la frontera internacional de estos dos países: El río Uruguay. Según denunció Argentina, la instalación de la planta abría provocado un preocupante aumento en la contaminación de las aguas por lo que Uruguay tenía que responder con el cierre de ésta.
Gracias a la información entregada por la Cancillería uruguaya en su momento, se informó que el Estado trasandino gastó US$ 8.070.891 por concepto de pago de honorarios a los abogados involucrados, sin contar otros US$ 261.805 por los servicios de traducción de documentos.
El gasto del Estado charrúa contempló gastos y honorarios del equipo jurídico (abogados y expertos externos), pasajes y viáticos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores; traslados de las personas y traducción de documentos presentados desde la fase de presentación de memorias escritas del juicio internacional.
Sin embargo, en el caso de Argentina, no necesitó invertir tanto dinero como su país vecino. Los trasandinos sólo liquidaron 2,5 millones de dólares por los mismos ítems que se mencionan anteriormente.
El conflicto finalizó con un acuerdo mutuo entre los dos países para monitorear los índices de contaminación del Río Uruguay. Argentina, quien invirtió menos en la defensa, no logró demostrar que la contaminación del río Uruguay era provocada por la planta de celulosa Botnia.
Cabe consignar que las Cancillerías argentinas y uruguayas publicaron detalle por detalle los valores por el que extendieron los cheques a cada abogado que participó de los equipos jurídicos de cada país.
OTRO CASO: COLOMBIA Y NICARAGUA
Para lograr acercase a una aproximación que entregue luces acerca de estos costos para Chile, el caso de Nicaragua y Colombia, de similares características al que enfrenta Chile con Perú entrega mayor noción.
Nicaragua, quien ganó el litigio sobre la frontera marítima con Colombia en el archipiélago de San Andrés, a pesar de que este país no acató el fallo de La Haya arriesgando un conflicto armado), invirtió una cifra que oscila entre los 5 y los 7 millones de dólares.