Cerca de cuatro millones de dólares anuales, entre el 2009 y 2013, habría sido el costo de la defensa de nuestro país en la Corte Internacional de La Haya.
Según publica La Tercera, entre las remuneraciones de abogados, cartógrafos, asesorías, viajes y honorarios de juristas extranjeros, nuestro país habría desembolsado unos 2 mil 240 millones de pesos anuales en el periodo, lo que significaría un total de $11.200 millones.
Estos montos habrían sido aprobados todos los años por la Cámara de Diputados, dentro de la discusión de presupuesto, bajo un programa especial de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) perteneciente a Cancillería, una glosa específica permitía mantener en reserva cuánto porcentaje de ese dinero iba dirigido a la defensa por el diferendo.
Si bien se presentaron recursos para que se entregara la información sobre remuneraciones y nombres de los abogados que participaron en dicho proceso, Cancillería mantiene en reserva estas cifras, que también eran fiscalizados por Contraloría, amparándose en la determinación de la Corte Suprema de mantener en reserva los montos.