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Justicia argentina investiga a tres ejecutivos de Los Pelambres por contaminación minera

Los involucrados son el actual gerente general, Roberto Andrew Mayne-Nicholls, y los ex gerentes Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery. Se les acusa de tres delitos, por la instalación de un basural de escombros de 55 millones de toneladas, en San Juan.

24Horas.cl TVN

Martes 30 de agosto de 2016

El Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina), dirigido por Leopoldo Rago Gallo, ordenó iniciar una investigación en contra del actual gerente general de la minera Los Pelambres, Roberto Andrew Mayne-Nicholls, y dos ex ejecutivos de la misma compañía, debido a la instalación de un mega basural de escombros creado sin autorización en la ciudad del mismo nombre, según informa Infobae.

Los ex gerentes investigados son Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery. Según el citado medio, son 52 las hectáreas en las que la mina arrojó entre 2007 y 2012 una cantidad aproximada de 55 millones de toneladas de rocas, las cuales son capaces de generar drenaje ácido de roca y casi medio millar de neumáticos gigantes, también potencialmente contaminantes.

Los tres ejecutivos fueron citados a declarar el próximo 19, 20 y 21 de octubre, y arriesgan hasta 10 años de prisión, más una millonaria multa. Los delitos que se les imputan son tres: contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.

Los escombros permanecen en un área cuya propietaria actual es la mina argentina El Pachón. Esta empresa contaría con una mala reputación en Argentina, sobre todo en el sector minero, porque nunca empezó a explotarse. Tanto en el gobierno provincial como en Antofagasta Minerals –la empresa que controla Los Pelambres y que pertenece al grupo Luksic– están convencidos que sus dueños (primero Xstrata y luego Glencore, ambas firmas de Suiza) dejaron que la escombrera creciera para negociar su venta a la compañía nacional. Cuando esa operación se cayó, se habrían decidido por iniciar la acción penal que ahora avanzó y una demanda civil en la que persiguen la remoción del botadero y un indemnización.