La reforma del Gobierno de centroderecha español que endurece la ley del aborto se topó el sábado con fuertes críticas de la oposición de izquierdas, que la consideró un retroceso de 30 años, pero también de grupos provida, que señalaron que no era lo suficientemente radical.
Derecho a Vivir, una organización antiabortista, celebró que se fuera a derogar la ley de 2010 que recogía el derecho al aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, pero consideró que la posibilidad de interrumpir el embarazo por grave peligro físico o psíquico para la madre podía seguir siendo "un coladero".
El grupo provida también criticó que el aborto siguiera estando financiado por la Seguridad Social en los supuestos previstos por la ley y que mantuviera la opción de abortar tras una violación.
El anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada cumple una promesa electoral del Partido Popular y sitúa a España entre los países más restrictivos de la Unión Europea en términos de interrupción del embarazo.
"VUELTA A LA CLANDESTINIDAD"
El PSOE afirmó el sábado que la ley supone un retroceso de más de 30 años para España, elimina la libertad y la dignidad de las mujeres y se comprometió a tumbarla.
"Volvemos a la clandestinidad y por tanto al miedo, porque había mucho miedo cuando no había una legislación segura del aborto. Volvemos a mujeres a las que se les obliga a parir hijos con graves malformaciones", dijo la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en un acto en defensa de la libertad de las mujeres.
La responsable socialista advirtió que se volvería a los años en que las mujeres con recursos económicos volaban a Londres para abortar.
"No somos nosotras las que decidimos u opinamos sobre nosotras mismas. Necesitamos certificados, médicos, despachos. Somos tratadas como incapaces y me pregunto si no se avergüenzan las mujeres del PP de verse tratadas así", agregó.
El nuevo texto permite el aborto sólo en dos supuestos: en casos de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación y habrá un plazo de siete días para reflexionar sobre la decisión.
Además, para abortar habrá que contar con un informe motivado de dos médicos de la especialidad que genere el grave peligro y que trabajen en un centro independiente de donde se practicará el aborto, excepto en casos de urgencia por peligro vital para la mujer.
El Gobierno defiende que su reforma equilibra los derechos de las mujeres y los de los no nacidos.
Agrupaciones profesionales como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) o la Sociedad Española de Contracepción; ONGs como la Federación de Planificación Familiar o Médicos del Mundo y sindicatos como Comisiones Obreras y UGT han mostrado su rechazo por el retroceso que supone la norma.
Desde que se conoció el contenido del anteproyecto se han celebrado manifestaciones en distintos puntos del país para oponerse a la reforma, con gritos como "Aborto retroactivo para Gallardón" o "fuera rosarios de nuestros ovarios".
"Tenemos una ley acorde con el resto de Europa, que respeta el derecho a decidir y creo que volver a ley de 1985 es un retraso que no nos podemos permitir", dijo el viernes por la noche Félix García, un manifestante proaborto, en una concentración frente al Ministerio de Justicia.
Agencia Reuters