Como en varios países de América Latina, Panamá también vive jornadas de protestas. Las de este jueves 31 de octubre derivaron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que detuvieron a unas 100 personas.
La razón del descontento, que ya completa al menos 10 días, tiene que ver con un paquete de reformas de un total de 40 artículos de la Constitución, algunas de las cuales, de acuerdo con la población, generan discriminación, facilitan la impunidad y promueven la corrupción.
Estas medidas, enviadas a la Asamblea Nacional por parte del presidente Laurentino Cortizo, fueron elaboradas por la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, un órgano compuesto por más de 2.000 representantes del sector empresarial, obrero, indígena, instituciones educativas, ONG's, la iglesia y el Gobierno.
Y aunque varios de los artículos que conciernen a educación, salud y medio ambiente fueron aprobados, otros fueron rechazados y los diputados incluso hicieron adiciones y modificaciones que han sido calificadas por la Concertación Nacional como "inconvenientes".
Uno de ellos tiene que ver con la familia, el cual contempla que el Estado "solamente reconoce" como matrimonio el que se da "entre un hombre y una mujer", dejando de lado la posibilidad de la unión legal entre parejas del mismo sexo.
Las reacciones más fuertes llegaron tras los poderes otorgados al Parlamento que ahora puede nombrar una especie de 'superfiscal' que investigue al procurador General y al procurador de la Administración. También otorga facultades a los diputados para censurar ministros y modificar el presupuesto nacional.
El propio presidente se pronunció sobre la polémica y dijo que no va a permitir que "ningún artículo, o que nadie, absolutamente nadie ponga (en contra) a los panameños, independientemente de (su) color, sexo o posición ideológica". El mandatario anunció que recibirá una serie de recomendaciones de un equipo de expertos sobre cuáles son artículos que se deben eliminar.
Sin embargo, nada está definido. Ya que las reformas deberán ser aprobadas durante una segunda legislatura de la Asamblea Nacional que empezará en enero, para luego ser sometidas a un referendo popular.
Con EFE y AFP