La candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, será probablemente invalidada en nombre de la "Ley de Ficha Limpia", que declara inelegibles a personas condenadas por un tribunal colegiado (de más de un juez).
Eso fue lo que le ocurrió al exmandatario (2003-2010) y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), cuya sentencia inicial a nueve años y medio de cárcel fue elevada en enero a 12 años y un mes por los tres magistrados de una corte de apelaciones.
El cumplimiento de la sentencia se inició en abril y Lula permanece desde entonces en una celda de la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur).
El expresidente, de 72 años, fue condenado al ser considerado beneficiario de un apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo, ofrecido por la constructora OAS a cambio de facilidades de contratos. Pero el dirigente, que enfrenta otras causas, se declara inocente en todas y denuncia una conspiración de las élites para impedirle volver al poder.
Paradójicamente, la "Ley de Ficha Limpia" fue promulgada por el propio Lula, en el último año de su mandato.
SIN "PLAN B"
Ni Lula ni el PT han dado señales de tener un Plan B, sembrando perplejidad en posibles aliados que esperan que el panorama se aclare para negociar pactos en estos comicios que serán a la vez presidenciales, legislativos y de gobernadores.
El PT solo inscribirá la candidatura de Lula ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 15 de agosto, último día del plazo legal, en un marco de movilización nacional.
La maniobra busca alargar al máximo la vigencia de una candidatura improbable. Y como el TSE debería demorar unos días en analizar el caso, la tensión puede prolongarse al menos hasta la última semana de agosto.
El PT tendría en ese caso, si la candidatura de Lula es efectivamente impugnada, poco más de un mes para hacer campaña por una figura de recambio antes de la primera vuelta del 7 de octubre.
UN PT DEBILITADO
El PT, que llegó a ser el mayor partido de izquierda de occidente, ganó las últimas cuatro elecciones presidenciales, dos con Lula y dos con su heredera política Dilma Rousseff, destituida en 2016 por un impeachment votado por el Congreso y sustituida por su vicepresidente, el conservador Michel Temer.
En las municipales de octubre de ese año, sufrió una catastrófica derrota electoral.
Muchos de sus dirigentes históricos están investigados, acusados o encarcelados en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 descubrió una gigantesca trama corrupta centrada en Petrobras, con complicidad de prácticamente todos los partidos.